AP | Marcos Alemán
SAN SALVADOR (AP) — La Corte Suprema de Justicia de El Salvador entregó el viernes las osamentas de tres niños y tres adultos a familiares de las víctimas de la masacre El Mozote, perpetrada por los militares en 1981, que dejó un registro oficial de 989 fallecidos.
Los restos que se entregaron fueron exhumados en 2015 por el Equipo Argentino de Antropología (EAAF), pero el abogado de la oficina de Tutela Legal, Wilfredo Medrano, que representa a los familiares de las víctimas, explicó que debido a su deterioro, “no todas las osamentas se lograron identificar”.
En 1992, los expertos argentinos exhumaron unos 400 cuerpos, en su mayoría de niños.
El proceso de recopilación de información de los lugares donde fueron enterrados los muertos, el censo oficial, la exhumación de los centenares de personas que están bajo tierra en distintos lugares, la identificación de los cadáveres y la entrega de los restos a los familiares se hace en cumplimiento de una sentencia de 2012 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Después de 37 años de la matanza, el gobierno salvadoreño confirmó que 978 campesinos fueron asesinados por el ejército en El Mozote en diciembre de 1981. De éstos, 477 tenían menos de 12 años y 248 eran menores de seis.
La masacre se registró entre el 11 y 13 de diciembre a unos 204 kilómetros al este de la capital salvadoreña durante una operación del ahora extinto batallón Atlacatl, entrenado en tácticas de contrainsurgencia en Estados Unidos.
Los soldados entraron a la zona en busca de las unidades del guerrillero Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional, pero mataron a cuanto civil encontraron en el lugar. Muchos de los cuerpos de las víctimas fueron tirados en el interior de una pequeña iglesia que luego incendiaron.
Un informe de la Comisión de la Verdad de Naciones Unidas divulgado en 1993 responsabilizó de la masacre al coronel Domingo Monterrosa, por entonces comandante del batallón Atlacatl, así como al jefe de operaciones, coronel Armando Azmitia y a otros seis oficiales, entre capitanes y mayores que no fueron juzgados bajo el amparo de la Ley de Amnistía General de 1993.
Monterrosa y Azmitia murieron en la zona de El Mozote el 23 de octubre de 1984, cuando un helicóptero en el que volaban explotó en el aire por una bomba colocada por la guerrilla.
Soldados del batallón Atlacatl también fueron señalados por la Comisión de la Verdad por el asesinato en 1989 de seis sacerdotes jesuitas y sus dos empleadas.
En marzo de 2016, 36 años después de una de las más grandes matanzas cometidas en América Latina, luego de que la Corte Suprema derogara la Ley de Amnistía que impidió que los delitos de lesa humanidad y los crímenes de guerra (1980-1992) fueran investigados, un juez salvadoreño reabrió el caso y ordenó que los altos mandos de la fuerzas armadas de El Salvador durante la guerra civil se presentaran al tribunal para responder por lo ocurrido.
Entre los militares acusados figuran miembros de la cúpula de mando de la fuerza armada de esa época, entre ellos el exministro de Defensa y Seguridad Publica, general José Guillermo García, y el jefe del Estado Mayor Conjunto de la fuerza armada, general Rafael Flores Lima.
