El País
Al menos 73 muertos y más de 74 heridos ha dejado una explosión este viernes en una toma ilegal de combustible en el municipio de Tlahuelilpan, en el Estado de Hidalgo (en el centro de México). La detonación ocurrió dos horas después del aviso de una fuga intencionada de gasolina. Los habitantes se habían desplazado al lugar con bidones para intentar llevarse algo del hidrocarburo. El Ejército llegó antes de la explosión, pero se replegó para «evitar un enfrentamiento con la población», según ha informado el Gobierno mexicano a través del equipo de comunicación de la presidencia.
«El panorama se ha ido endureciendo», dice el gobernador de Hidalgo. El funcionario confirma que de los heridos, siete son menores de 18 años y uno tiene 12 años. «A medida que han pasado las horas, la expectativa de encontrar personas vivas se ha ido perdiendo», admite.
Fayad además informa que aún hay 74 personas heridas, muchas de ellas en estado de gravedad, que están siendo atendidas en hospitales de la capital mexicana y de la región.
El Gobierno de Hidalgo ha hecho un llamamiento a los habitantes de Tlahuelilpan (15.000 habitantes) para que se mantengan lejos del lugar de la explosión y permanezcan, en la medida de lo posible, en sus hogares. El gobernador de Hidalgoha confirmado que se trataba de una toma clandestina y que los fallecidos han muerto calcinados, informa Diego Mancera.
Así las personas con sus bidones en torno a la toma clandestina en #Tlahuelilpan, Hidalgo, previo a la explosión.
— Gabriela Warkentin (@warkentin) January 19, 2019
Según informó el secretario de Defensa, Luis Sandoval, en una rueda de prensa matutina, fueron desplegados unos 25 efectivos del Ejército. En un comunicado oficial se explica que «al aumentar la presión del ducto, el brote de combustible creció considerablemente y los pobladores (…) acudieron en gran número con cubetas, bidones y todo tipo de recipientes». «Para evitar un enfrentamiento con la población», prosigue el texto, «los militares se replegaron». Poco después se produjo la explosión. La petrolera estatal Pemex cerró el oleoducto alrededor de las seis de la tarde, cuando detectó que el nivel de presión era inferior a lo habitual.
Según el testimonio del alcalde de Tlahuelilpan, Juan Pedro Cruz, eran alrededor de 200 personas las que trataban de recoger el combustible derramado en el suelo. Los policías y militares que trataban de acordonar la zona les pidieron, sin éxito, que se retirasen del lugar. «Eran hordas de personas que, por llevarse una cubeta de hidrocarburo, pueden perder la vida», remarcó Fayad. El incendio fue completamente extinguido a las 23.50, hora local, según informó el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo.
La explosión ha tenido lugar en plena batalla del Ejecutivo federal contra el robo de combustible, un negocio de gran escala en México en el que también ha penetrado el crimen organizado. Desde el pasado 21 de diciembre, las autoridades mexicanas han cerrado varios canales de transporte de gasolina en el centro y occidente del país, que engloba las regiones más afectadas por el robo de combustible, popularmente conocido como huachicoleo. La clausura de las tuberías por las que circula la gasolina ha obligado al despliegue de camiones cisterna para llevar combustibles a las estaciones de servicio. Pese a estas medidas preventivas, en las últimas jornadas se han repetido las escenas de desabastecimiento en varios Estados, entre ellos la Ciudad de México.
«Continuaremos luchando contra el robo de combustible hasta que logremos erradicarlo», aseguró el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, desde la zona del suceso. El Gobierno federal ha ordenado, además, el despliegue de más de 5.000 militares para vigilar las instalaciones, canalizaciones y los camiones cisterna. Precisamente este jueves, el Ejecutivo federal informó del bloqueo de las cuentas de 42 empresas, el arresto de 435 personas vinculadas al robo de carburante y la apertura de 1.831 investigaciones. De acuerdo con los datos oficiales, en 2017 y 2018 el robo de combustible ha provocado pérdidas de alrededor de 3.000 millones de dólares (2.638 millones de euros) en las cuentas públicas.
