El Juzgado Noveno de Paz de San Salvador ordenó este martes la instrucción formal con detención provisional en contra del ex presidente de la República, Mauricio Funes Cartagena y su compañera de vida Ada Mitchell Guzmán Siguenza, ambos asilados en Nicaragua.
Funes y Guzmán son acusados por casos de corrupción vinculados al caso “Chaparral”, por el que también son procesados s José Miguel Antonio Menéndez Avelar, José Leopoldo Samour Gómez, José Efraín Quinteros y Mario Federico Pieragostini Maiocchi, contra quienes ya se hizo la audiencia inicial y también se les decretó instrucción con detención.
De todos solo Menéndez está detenido y el resto huye. Supuestamente Astaldi habría recibido 108.5 millones de dólares de la CEL, tras una negociación directa instigada por Menéndez. Luego la empresa hizo depósitos de 3.5 millones de dólares a las empresas adquiridas por Menéndez en Panamá, dinero que se supone luego fue enviado a empresas del ex presidente Mauricio Funes y Ada Mitchel Siguenza. El desembolso equivalía al avance de la obra de un 50 por ciento. Es decir, que ASTALDI solo debió recibir 63 millones de dólares.
En el caso de Funes es acusado de peculado como instigador, lavado de dinero y activos y agrupaciones ilícitas; mientas que Guzmán es acusada de lavado de dinero y de activos.
El juzgado Noveno de Paz también ordenó librar las órdenes de detención contra Funes y Guzmán, a la Policía Nacional Civil, a la Dirección General de Migración y Extranjería y a la INTERPOL en El Salvador.
Asimismo el juzgado tiene por incoda la acción civil, pero no se decretan las medidas solicitadas por la Fiscalía, pues su fundamento es genérico y no especifica los bienes a los que se les solicitó las respectivas medidas.
La decisión judicial fue notificada a la Fiscalía, a los apoderados de CEL; mientras que a los imputados se les notificará por medio de edicto judicial, ya que se sabe que están en Nicaragua, pero se desconoce su dirección.
El caso ha pasado al Juzgado Noveno de Instrucción de San Salvador, con la advertencia que el plazo legal no podrá cumplirse por el extenso número de piezas presentadas por la Fiscalía.
