Condenan a alcalde de Olocuilta acusado de enriquecimiento ilícito

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Redacción

La Cámara de la Tercera Sección del Centro de San Vicente  condenó  este viernes al alcalde municipal de Olocuilta, Marvin Ulises Rodríguez Álvarez.

El alcalde deberá devolver al Estado 249,045.75 dólares  y además queda inhabilitado para ejercer o buscar cualquier cargo público en un período de diez años, toda vez que la sentencia quede en firme.

La defensa del alcalde puede apelar ante la Sala de lo Civil, luego de conocer el fallo por escrito, a efecto de que la referida instancia corrobore o modifique la sentencia.

El alcalde enfrentó el proceso luego de que la Corte Plena de la Corte Suprema de Justicia avalara el informe de la Oficina de Probidad que detectó un posible enriquecimiento ilícito por más de 200 mil dólares.

En la audiencia la  Fiscalía presentó  como pruebas  registros e informes de bancos e instituciones relacionadas con la certificación de adquisición de propiedades y bienes por parte del alcalde; mientras que la defensa presentó prueba instrumental, pericial y  testimonial. Al final los magistrados valoraron como ciertas las pruebas presentadas por la Fiscalía.

Según la Fiscalía el alcalde adquirió siete inmuebles por más de 80 mil dólares sin justificar de donde obtuvo el dinero para hacerlo. Asimismo no justificó una cuenta bancaria  por más de 70 mil dólares que estaba a su nombre y era sostenida con fondos de los mismos empleados de la comuna. Además el alcalde declaró en la Sección de probidad que había adquirido un inmueble considerado sitio cultural en el centro de la ciudad por un monto de 27 mil dólares, pero el dueño del inmueble declaró que la compra venta fue por 80 mil dólares; es decir, el alcalde no ha justificado por este caso 53 mil dólares.

Otros inmuebles fueron adquiridos sin que el alcalde pudiera comprobar o demostrar que había sido con dinero lícito.

Rodríguez es el primer alcalde del país en ser condenado por el delito de enriquecimiento ilícito, luego de que la Corte Suprema de Justicia ordenara un juicio civil, tras un informe de la Sección de Probidad.