Redacción
El Tribunal 4° de Sentencia instaló el jueves la vista pública contra los exdirectores de centros Penales Rodil Fernando Hernández Somoza y Nelson Rauda Portillo, procesados por los delitos de Administración Fraudulenta y Actos Arbitrarios.
En este proceso rindieron su declaración los exministros de Justicia y Seguridad Ricardo Perdomo y Benito Lara. Según Perdomo, cuando llegó a ser ministro en el período 2013-2014, estaba como Director de Centros Penales Nelson Rauda y luego puso su renuncia, tras un “incidente ocurrido”, por lo que solicitó una auditoria a la Corte de Cuentas de la Republica (CCR), que le informaran si habían irregularidades en el manejo de los fondos de las tiendas institucionales.
Dijo además que recibió una llamada telefónica de un proveedor en la que le expresaron que “habían cortado el crédito a las tiendas porque no les pagaban… y el saldo era por más de 2 millones de dólares”, manifestó.
Sostuvo además que cuando pregunto sobre esa mora, le dijeron que era desorden administrativo por lo que él reordenó que se pagara dicha mora.
Por su parte Benito Lara dijo que en el periodo que fungió como Ministro de Seguridad, el encargado de Centros Penal era Rodil Hernández, con el que sostuvo “un par de reuniones” para hablar sobre los fondos de las tiendas institucionales, pero que no sabía el manejo de éstos ya que “él fungió como Ministro y no como Director de Centros Penales”, señaló.
“En los medios de comunicación se decía que había mal manejo de los fondos… por lo que sugerí que cambiara al que estaba al frente de las tiendas institucionales”, recalcó.
Señalo que como Ministro de Seguridad nunca dispuso del dinero de las tiendas institucionales, el cual sabía que eran fondos privados y no tenían control estatal.
Argumentó también que tenía conocimiento que ese dinero era para suplir necesidades de los centros penitenciarios y que se llevaba un control a través del “Sistema Cero dinero”, y que el reo disponía del mismo mediante el depósito que le hacían sus familiares, para que fuera canjeado en las tiendas institucionales.
Señaló también que esos fondos “han sido históricos, es decir, que en los centros penales siempre han existido tiendas y que no entran en el Fondo General de la Nación… siempre han existido”, dijo.
Según la Fiscalía General de la República (FGR) los periodos auditados a través de pericia contable comprende entre 2012 y 2014, en las que se acusa a Rodil por un monto de 121,238.69, mientras que a Rauda por la cantidad de $87,154.50.
Se presume que ambos imputados ordenaron desembolso de dinero de los fondos de las tiendas institucionales para fines que no establece la Ley y no administraron de forma correcta dichos fondos.
Asimismo la FGR, presume que los exdirectores de Centros Penales ordenaban que se emitieran cheques, supuestamente para la Inteligencia del Estado y no existe informe o persona que haya recibido dinero, el monto total es de $121,238.69.
Se prevé que el juicio tenga una duración de dos semanas.
