EL PAÍS
Tras un fin de semana en que dos ataques con armas de fuego han causado un total de 29 víctimas mortales, en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio), el presidente Donald Trump, ha hecho un llamamiento este lunes para que Estados Unidos condene «el racismo, la intolerancia y la supremacismo blanca». El mandatario no propuso una reforma al control de armas durante la rueda de prensa en la Casa Blanca: «Las enfermedades mentales y el odio aprietan el gatillo, no el arma». Sin embargo, horas antes, el republicano instó a través de Twitter a que los legisladores aprueben cambios legislativos que imponga «fuertes» procesos de verificaciones y requisitos para comprar armas de fuego. Sin embargo, vinculó estos hipotéticos cambios legislativos a una reforma migratoria, asunto que constituye una prioridad absoluta de su agenda y que, hasta la fecha, no ha podido sacar adelante por sus diferencias con los demócratas, que controlan desde enero de este año la Cámara de Representantes.
El presidente ha sido duramente criticado estos días por alimentar el clima odio que está detrás de la matanza racista de El Paso (20 muertos y 26 heridos). Trump afirmó que Patrick Wood Crusius, el individuo blanco de 21 años identificado como presunto autor del tiroteo, escribió el manifiesto que hablaba de una “invasión hispana de Texas” consumido por «el odio racista». Además, advirtió de que «los peligros de Internet y las redes sociales no se pueden ignorar, y no se ignorarán». La retórica del mandatario en las Twitter y Facebook ha sido uno de los objetos de reproche durante el sangriento fin de semana. Trump ha publicado aproximadamente 2.200 anuncios en Facebook usando la palabra «invasión» desde mayo de 2018, según Media Matters. Los mensajes suelen estar relacionados con su intención de construir un muro en la frontera con México para detener el paso de los inmigrantes.
Entre las acciones que planteó el republicano, afirmó que le ha solicitado al Departamento de Justicia que proponga una legislación para que quienes cometan delitos de odio y tiroteos masivos se enfrenten a la pena de muerte. La policía anunció este domingo que están investigando la masacre de El Paso como un acto terrorista y que buscarán la pena de muerte para Crusius. De confirmarse que el joven fue el autor del manifiesto racista, el crimen podría ser tratado como un delito de odio.
«No podemos permitir que los asesinados en El Paso, Texas, y Dayton, Ohio, mueran en vano. Tampoco a los heridos graves. Nunca podremos olvidarlos, ni a aquellos que vinieron antes que ellos. Los republicanos y los demócratas deben unirse y lograr fuertes verificaciones de antecedentes [para comprar armas], quizás uniendo esta legislación con la tan desesperadamente necesaria reforma migratoria. ¡Debemos conseguir que algo bueno, si no grande, salga de estos dos trágicos eventos», escribió Trump en Twitter.
Después, el presidente ha atacado, como es su costumbre, a los medios de comunicación y supuestas «fake news». Ha achacado a los medios «la ira y la furia que se han ido acumulando por muchos años» en el país. «La cobertura de noticias debe comenzar a ser justa, equilibrada e imparcial, ¡o estos terribles problemas solo empeorarán!», ha señalado el presidente. No ha hecho referencia, en cambio, a las motivaciones racistas del asesino de El Paso, quien habló en un manifiesto de «invasión hispana», antes de cometer una masacre a la que Trump se refirió, durante el fin de semana, como «un problema de salud mental».
El presidente ya ha prometido en otras ocasiones endurecer los controles para adquirir armas, pero hasta la fecha no ha actuado. La última vez fue el año pasado, después de la matanza que dejó 17 muertos en un instituto en Parkland, Florida, pero desde entonces ha amenazado en diversas ocasiones con vetar proyectos de ley de los demócratas que perseguían ese objetivo.
El Paso, donde Patrick Wood Crusius mató a tiros a 20 personas en el mayor crimen de odio contra los hispanos de la historia moderna de EE UU, ha ocupado durante meses el centro del debate migratorio. Trump ha convertido a esta ciudad de 680.0000 habitantes, binacional y bilingüe, una de las más seguras del país, en la encarnación de una frontera en crisis. Los demócratas han denunciado las condiciones en los centros de detención abarrotados en la zona.
