Qué es la justicia ancestral que enarbolan los indígenas en Ecuador

Agencias

Cuando Rafael Correa asumió en Ecuador, la luna de miel con las comunidades indígenas tuvo su precio. El apoyo de la poderosa Confederación Nacional de Entidades Indígenas (Conaie) a la reforma constitucional de 2008 significó ciertas prerrogativas: se reconoció la condición de Ecuador como un estado plurinacional unitario, y además se permitió a los pueblos indígenas crear, desarrollar y aplicar derecho propio o consuetudinario, es decir una Justicia Indígena, basada en tradiciones ancestrales.

Se trata de la misma justicia ancestral que un grupo de alterados manifestantes indígenas amenazó con aplicar en pleno centro de Quito este jueves contra un grupo de periodistas y policías «retenidos».

La cuestión de la justicia ancestral está contemplada en el artículo 171 de la Constitución. ¿Qué dice? Si bien la avala, pone límites territoriales al ejercicio de esa justicia, aplicada para resolver «asuntos internos» dentro de regiones autónomas. El artículo es ambiguo en el sentido de que es demasiado amplio y no entra en detalles. No habla de castigos. Sí aclara que no se puede ir en contra del respeto a los derechos humanos.

Sin embargo, cuando se habla de justicia ancestral, hasta dónde en la historia hay que ir para entender de qué se está hablando.

La justicia indígena tiene raíces milenarias, que van hasta tiempos remotos cuando los castigos eran terribles y podían llegar a incluir la muerte.

En principio, los problemas dentro de una comunidad se resuelven primero en el seno del hogar. Si eso no es posible se pasa a una instancia de asamblea comunitaria. Entre todos se llega a «la verdad».

El siguiente paso es tratar de conseguir la confesión por parte de la persona interpelada y, una vez que se logra, la justicia se asegura de que vuelva al “equilibrio”.

Este equilibrio incluirá una sanción, una suerte de «purificación» del «delito» cometido. En los casos más comunes se trata de infidelidades.

Los castigos pueden incluir azotes con ortigas. Y si bien el castigo físico se contrapone con el respeto a los derechos humanos, para las comunidades indígenas implica un proceso de sanación. Y no siempre es un proceso romántico de «baño de ortigas y flores».

¿Qué pasa además cuando las faltas son robos con armas de fuego o asesinatos?

Para todos es claro que la justicia indígena no puede vulnerar derechos humanos previstos en tratados internacionales.

Un caso

En julio de este año, en la comunidad de Peguche en Otavalo, se castigó a tres personas acusadas de intentar robar un auto. Se les aplicó la justicia ancestral.

Primero se los hizo caminar descalzos y con los ojos vendados sobre las piedras. Se los llevó a una plaza, donde fueron azotados. Según el diario El Comercio, las espaldas, glúteos y piernas de los tres extranjeros quedaron marcados por los latigazos y azotes con ortiga que recibieron.

El castigo lo dispuso el Consejo de Cabildos de la parroquia Miguel Egas Cabezas, que aglutina a siete comunas. Allí se realizó una Asamblea en la que se los culpó del supuesto robo. Tras el castigo fueron entregados a la policía. Y la moto en la que viajaban fue prendida fuego.

“Esto es un castigo moral, para que tengan vergüenza”, aseguró un dirigente.

Pero además, por tratarse de venezolanos, el Consejo de Cabildos dio un plazo de tres días a los todos los extranjeros en la zona para que abandonen el lugar.

Días más tarde en un editorial, el diario  El Comercio consideró que el castigo en Peguche revivía un tema polémico. Y manifestaba que la cuestión merecía un análisis constitucional profundo.

«¿Los castigos físicos se enmarcan en el respeto a los Derechos Humanos que manda la Constitución, con relación de los acuerdos internacionales de los que el Ecuador es signatario? Es obvio que no», opinó el diario.

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