CIUDAD DE MÉXICO (AP) — Un importante operador financiero del cártel de Sinaloa y otros dos presos que iban a ser extraditados a Estados Unidos escaparon de un penal en la Ciudad de México en una camioneta de transporte carcelario, dijeron el jueves las autoridades.
Esta evasión avivó el debate en torno al sistema judicial, cuyos detractores aseguran está siendo manipulado por los delincuentes en su favor. Las cámaras de video muestran que la fuga del miércoles ocurrió a las 5:50 de la madrugada y que no se avisó a los supervisores sino hasta las 8 de la mañana.
Las autoridades en la capital de México dicen que las cárceles de la ciudad no son aptas para retener a presos importantes, y que los jueces le están permitiendo a los reclusos manipular el sistema para que los transfieran o permanezcan en penales de baja seguridad.
La secretaria de Gobierno de la Ciudad de México, Rosa Icela Rodríguez, dijo que, al terminar el segundo turno en la prisión, cuando debe hacerse el pase de lista de reclusos a las 7:45 de la mañana, se informó que no faltaba nadie. La alarma fue activada hasta que llegaron los guardias del turno siguiente, a las 8 de la mañana.
En la investigación preliminar se plantea que ocho empleados carcelarios permitieron la evasión al no respetar los procedimientos, dijo Ulises Lara, portavoz de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.
Icela Rodríguez dijo que les fueron solicitadas las renuncias al director y al jefe de seguridad de la prisión, el Reclusorio Sur.
De los tres evadidos, el más importante era Víctor Manuel Félix Beltrán, quien fue señalado en 2015 por el Tesoro de Estados Unidos de acuerdo con la Ley de Designación de Narcotraficantes Extranjeros. Se afirmaba que Félix Beltrán era un “traficante de alto rango del cártel de Sinaloa, que opera desde Culiacán y Guadalajara”. Se indicaba que es hijo del narcotraficante Víctor Félix Félix, quien transportaba cocaína y lavaba dinero para Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cártel que se encuentra encarcelado en Estados Unidos.
La Fiscalía General de Justicia de la capital indicó que los otros dos reos que se fugaron son Luis Fernando Meza González y Yael Osuna Navarro.
Icela Rodríguez dijo que las cerraduras de las celdas de los reclusos estaban abiertas y que cortaron un barrote para descender a una zona común. Con una cizalla manual, los reclusos abrieron un hueco en una malla en lo alto de un muro y descendieron a un patio del reclusorio que permite la salida al exterior. Después escalaron otro muro con una escalera, cortaron la alambrada que había en la parte superior y subieron a una camioneta al otro lado. El vehículo todavía se encontraba dentro del perímetro de seguridad de la cárcel y cuando pasó por un puesto de control no fue revisado, en violación a los procedimientos.
Los guardias que conducían la camioneta tenían órdenes de trasladar a otro recluso a un hospital y las cámaras de vigilancia muestran al vehículo dirigiéndose a la clínica. Sin embargo, no captaron el momento en la que los reos bajaron de la camioneta, según la funcionaria.
La fuga volvió a atraer la atención a las maniobras legales que los presos utilizan para estar en la penitenciaría de su preferencia.
Félix Beltrán ingresó al Reclusorio Sur de la Ciudad de México el 28 de octubre de 2017, y seis días después fue transferido a la prisión de máxima seguridad del Altiplano en el estado de México. Dos años antes, “El Chapo” había escapado de esa cárcel a través de un túnel.
Sin embargo, el 9 de noviembre de 2018, un juez federal ordenó que Félix Beltrán fuera regresado al Reclusorio Sur de la Ciudad de México, dijo Icela Rodríguez.
El jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció el problema de los reclusos que impiden legalmente sus traslados.
“Hay cientos de amparos en este sentido, no quieren que les muevan de las cárceles porque allí dominan dentro o tienen comunicación fuera”, afirmó, y señaló que el sistema judicial ya está examinando el asunto.
En México se desarrolla un encendido debate sobre si son necesarios cambios a las reformas legales que aumentan las protecciones a los detenidos.
Los fiscales en México se han quejado de que el sistema es demasiado indulgente, y filtraron copias de las reformas propuestas que incluyen restricciones menos estrictas con evidencias cuestionables.
Sin embargo, las reformas judiciales también han permitido a los presos oponerse mediante amparos a que los trasladen a otras prisiones, y en los últimos años las autoridades atribuyen a esas apelaciones —y a jueces que los conceden— las fugas de prisión y las riñas en penales que se han cobrado numerosos muertos. Peligrosos jefes de grupos delictivos han conseguido con amparos que los regresen a penales de seguridad media que no tienen un estricto control sobre ellos.
Este fue el caso de unos desórdenes en 2016 en los que 49 reclusos murieron en un penal en el estado de Nuevo León, en el norte del país.
El gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, dijo que las reformas judiciales han aumentado la capacidad de los presos para ampararse contra órdenes de traslado a penales más distantes de sus localidades. Los desórdenes de 2016 supuestamente fueron provocados por Juan Pedro Zaldívar Farías, miembro del tristemente famoso cártel narcotraficante de Los Zetas, que logró impedir con un amparo su traslado al penal de Topo Chico, y de igual forma el jefe de un grupo delictivo rival en la misma prisión también se opuso a su envío a otra cárcel.
Básicamente los conflictos en los penales obedecen a esta situación, declaró Rodríguez.
López Obrador y otros funcionarios también han censurado la corrupción en el poder judicial que, junto a leyes indulgentes y fiscales mal preparados, han contribuido a la liberación de detenidos o les han permitido el traslado a prisiones de menos seguridad.
El miércoles, el Consejo de la Judicatura Federal, que vigila al poder judicial, anunció que un juez fue suspendido seis meses mientras se investigan las denuncias en su contra por conducta indebida.
El consejo dijo que el juez está acusado de emplear a miembros de su familia en su juzgado, acosar sexualmente a empleadas, amenazar de muerte a una persona que se negó a renunciar, y utilizar a empleados para lavar dinero y para que le efectúen labores personales de cocina, limpieza y manejo.
