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El Gobierno de Costa Rica inició el traslado de los primeros 123 privados de libertad al Centro de Alta Contención y Crimen Organizado (CACCO), una nueva prisión de máxima seguridad construida para albergar a personas consideradas de alta peligrosidad y vinculadas con estructuras criminales.
Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la apariencia de los reclusos. Las imágenes difundidas por las autoridades muestran a los internos con la cabeza rapada, vestidos con uniformes de color naranja y arrodillados, mientras mantenían la mirada hacia el suelo durante el procedimiento de ingreso.
Las escenas guardan similitudes con las difundidas desde el Centro de Confinamiento del Terrorismo (CECOT) de El Salvador, una instalación que sirvió de inspiración para el proyecto penitenciario costarricense.
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Reclusos ingresaron con el cabello rapado
El corte de cabello fue uno de los elementos más visibles del primer operativo. Los privados de libertad aparecieron con el pelo cortado prácticamente al ras, una imagen que contrasta con la presentación habitual de los internos en otros centros penitenciarios del país.
Aunque las fotografías y grabaciones permiten confirmar que los primeros trasladados estaban rapados, la información difundida hasta ahora no establece si todos fueron sometidos al corte durante el procedimiento de traslado, si se trata de una disposición obligatoria para futuros ingresos o cuáles son las excepciones que podrían aplicarse.
Los nuevos internos también fueron presentados con la vestimenta naranja contemplada para el funcionamiento del CACCO. Este uniforme forma parte de las medidas de identificación y control establecidas para la población penitenciaria que permanecerá en las instalaciones.
Sospechosos del asesinato de un policía estuvieron entre los primeros trasladados
Entre los primeros internos que ingresaron al CACCO se encuentran tres sospechosos del asesinato del oficial de la Fuerza Pública Gerson Rosales Cascante, ocurrido el 13 de mayo en Batán, Limón.
Los hombres, identificados por los apellidos Menocal, Mora y Vílchez, permanecen bajo prisión preventiva por su presunta participación en el crimen.
Su traslado había sido solicitado expresamente por la presidenta de Costa Rica, Laura Fernández Delgado, durante la inauguración del establecimiento penitenciario, realizada el pasado 14 de octubre.
El ministro de Justicia y Paz, Gabriel Aguilar Vargas, anunció posteriormente que este grupo estaría entre los primeros en ingresar al complejo, como parte de la estrategia gubernamental para fortalecer el control sobre personas vinculadas con delitos de especial gravedad.
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Una megacárcel con capacidad para 5,100 personas
El CACCO está ubicado dentro del complejo penitenciario de La Reforma, en San Rafael de Alajuela. Su construcción representó una inversión de aproximadamente 33.1 millones de dólares, equivalentes a ₡16,774 millones.
La infraestructura tiene capacidad para 5,100 privados de libertad, distribuidos en cinco módulos de 1.020 espacios cada uno. Las celdas están diseñadas para alojar hasta 60 personas e incluyen literas de tres niveles.
Entre las medidas de seguridad se encuentran cámaras de vigilancia, controles biométricos, equipos de escaneo y pasarelas de supervisión para los agentes penitenciarios.
Según el Ministerio de Justicia, el objetivo es impedir que cabecillas de organizaciones criminales continúen dirigiendo actividades ilícitas desde las prisiones y mejorar la capacidad de respuesta del sistema penitenciario.
Traslados continuarán durante las próximas semanas
La llegada de los primeros 123 internos representa el comienzo de un proceso que las autoridades pretenden desarrollar de manera progresiva, con la expectativa de alcanzar la capacidad total del establecimiento durante diciembre.
El Gobierno sostiene que la ocupación del CACCO contribuirá a reducir la sobrepoblación penitenciaria. Sin embargo, el proyecto también ha generado cuestionamientos.
La Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias presentó un recurso de amparo ante la Sala Constitucional, en el que cuestionó las condiciones de temperatura, privacidad, seguridad y atención médica del establecimiento.
