La Comisión de Seguridad y Combate a la Narcoactividad avaló enmiendas a varios artículos de la Ley Penitenciaria, con las cuales se dará accesibilidad a los privados de libertad con discapacidad y que guardan prisión en los 28 centros penales diseminados en todo el país, esto implica que las penitenciarías deben ser acondicionadas en su infraestructura; como por ejemplo, la construcción de rampas de acceso y espacios arquitectónicos de fácil movilidad.
También, si la persona no sabe leer ni escribir o tiene alguna discapacidad, se le proporcionará información verbalmente y de manera fácil para garantizar su comprensión.
Además, queda plasmado en las reformas que, en cada centro penitenciario se debe contar con una escuela inclusiva en la que se impartirá la Lengua de Señas Salvadoreña, a las personas sordas que estén en reclusión.
La iniciativa fue presentada el 3 de octubre de 2019, con la finalidad de equiparar la normativa con la Convención Internacional de las Personas con Discapacidad. La Ley a reformar fue aprobada por la Asamblea Legislativa el 24 de abril de 1997 y entró en vigencia el 20 de abril de 1998.
Continúa estudio de proyecto de ley de lavado de activos
La comisión de seguridad sigue con la discusión del anteproyecto de Ley Especial para la Prevención, Control y Sanción del Lavado de Activos, para lo cual recibió a representantes de la Fiscalía General de la República, de la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (FESPAD) y de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito.
El presidente de la instancia, diputado Antonio Almendáriz (PCN), manifestó la importancia que en la propuesta de ley quede clara la prevención y la clasificación de quiénes están obligados al cumplimiento de la norma, es decir, “instituciones y personas que podrían en un momento dado cometer ese tipo de delito”.
Agregó, que de igual manera se deben definir cuáles serán las instituciones encargadas del control y vigilancia, como el Sistema de Prevención y Control del Lavado de Activos, Financiación del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masivas (SIPLAFT).
Actualmente está en vigencia la Ley Contra el Lavado de Dinero y Activos, aprobada por el Congreso en 1998, su entrada en vigencia fue en junio de 1999.
