La Asamblea Legislativa aprobó este jueves la Ley de Creación de Fideicomiso para la Recuperación Económica de las Empresas Salvadoreñas, que tiene como fin aliviar la economía de las micro, pequeñas, medianas empresas y trabajadores por cuenta propia afectados durante y posterior a la crisis generada por COVID-19. El fideicomiso se constituirá para un plazo de doce años, a partir de la vigencia de la ley y con $600 millones. El Banco de Desarrollo de El Salvador (BANDESAL) será el fiduciario.
Estos recursos se destinan de la siguiente manera: $140 millones para el Programa de subsidio para empleados de la micro, pequeña y mediana empresas afectadas por la crisis del COVID-19, y que en la última planilla reportada al Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS), entre los meses de diciembre de 2019 a febrero de 2020 según aplique, cuenten con un numero de menor de 100 empleados o que hayan tenido ingresos anuales por ventas brutas en el año 2019 declarados al 31 de marzo de 2020 o en su defecto en el año 2018, iguales o menores a siete millones de dólares, y que a la fecha se encuentren funcionando.
$360 millones serán para el Programa de otorgamiento de crédito para las empresas, que han sido afectadas por el COVID-19, fundamentalmente en capital de trabajo que permita la recuperación económica de las empresas. Los créditos otorgados con fondos del fideicomiso devengarán una tasa máxima de interés efectiva del tres por ciento anual, un plazo máximo de diez años y un período de gracia plena de doce meses. Además, se deberá garantizar que al menos un 25% sea destinado para el programa de otorgamiento de crédito a la micro y pequeña empresa y que al menos el 25% del mismo programa sea destinado para empresas que su propietaria, mayoría accionaria o su representación legal sean de mujeres, antes de la vigencia del decreto.
Finalmente, $100 millones se orientan para el Programa de financiamiento productivo para empresarios y pequeños comerciantes del sector informal, que han sido afectadas por el COVID-19, fundamentalmente en capital de trabajo que permita la recuperación de quienes tengan al menos un crédito vigente en el sistema financiero nacional o del sistema financiero cooperativo y sociedades de ahorro y crédito, que tengan categoría de riesgo crediticio A o B o su equivalente en días de mora al 29 de febrero de 2020. Los créditos otorgados con fondos del fideicomiso devengarán una tasa máxima de interés efectiva del 3% anual, un plazo máximo de 10 años y un período de gracia plena de doce meses.
Para la dirección y supervisión de las actividades del fideicomiso se crea un Consejo de Administración, el cual estará conformado por un director presidente propietario designado por el Ministerio de Hacienda, uno designado por el Banco Central de Reserva de El Salvador, uno designado por el Ministerio de Turismo y otro por el Consejo Nacional de Empresarios Salvadoreños (CONAES). BANDESAL, en su calidad de fiduciario delegará a un representante que participará con voz, pero sin voto en las reuniones del Consejo.
Por otra parte, se crea el Comité de Seguimiento y Veeduría del Fideicomiso, con el objetivo de ejercer una tutela de la transparencia en la administración y ejecución de los recursos que conforman el fideicomiso, además de ejercer una función de veeduría y seguimiento de la administración y ejecución de los recursos y deberá informar mensualmente a la Asamblea Legislativa, así como a la ciudadanía. Este Comité estaría integrado por un representante de la Fundación Nacional de Desarrollo (FUNDE), de las Asociaciones Gremiales más representativas de la Contaduría y Auditoría, legalmente constituidas en el país, de la Universidad de El Salvador, de la Cámara de Comercio e Industria de El Salvador (CAMARASAL) y otro de la Asociación de Universidades Privadas de El Salvador (AUPRIDES).
Sobre el tema, el presidente de la Asamblea Legislativa, diputado Mario Ponce, afirmó que este fideicomiso “es un buen esfuerzo para que muchos pequeños empresarios puedan crecer, tener la oportunidad de registrarse y crear su récord crediticio como comerciantes. Debemos salir al encuentro de los emprendedores que llevan el sustento día a día. El objeto de este es tratar que ese comerciante se pueda capitalizar con recursos a bajos intereses. Esto ayudaría a que el sector informal deje de buscar préstamos que cobran alrededor del 10% de interés”.
Por su parte, la diputada Margarita Escobar (ARENA) expresó: “Estamos garantizando la transparencia en la utilización de los $600 millones y la ley contempla un comité ciudadano veedor. Estos recursos son para toda la República, porque en todos hay micro, pequeños y medianos empresarios y trabajadores por cuenta propia”.
Para la diputada Yanci Urbina (FMLN), con el fideicomiso, se “busca contribuir a contener efectos desbastadores que ha tenido el manejo de la pandemia en términos económicos, que ha golpeado a micro, pequeñas y medianas empresas y sector informal. Este fideicomiso es una alternativa para darles liquidez”.
“Es una tarde de esperanza para micro, pequeños y medianos empresarios. Son $600 millones y tendrán hasta un año para pagar la primera cuota, que permitirá que sus negocios vuelvan o retomen el curso que tenían antes de la pandemia, es importante hacerlo notar”, resaltó el diputado Guillermo Gallegos (GANA).
De igual forma, se pronunció el diputado Raúl Belthran Bonilla (PCN). “¡Sí se puede! Esta fue propuesta del Gobierno y modificada, en parte, en la Asamblea. Sí podemos entendernos en la gobernabilidad y beneficio de nuestros trabajadores; quedó demostrado que sí se puede sin ver ideologías o banderas políticas”, enfatizó.
