La Comisión Ad hoc de Pensiones acordó homologar el monto que pagan por gastos funerarios a sus afiliados el Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos (INPEP) y del Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS).
Actualmente, el INPEP proporciona $228.57 mientras que el ISSS $786.42. Por ello, la necesidad de establecer el mismo monto en ambas instituciones ($786.42). Los parlamentarios consideran que es un tema de justicia, y en este contexto sería de gran ayuda para las familias salvadoreñas. En ese sentido, se comprometieron en preparar el dictamen y someterlo a votación del Pleno Legislativo, el próximo jueves.
En otro tema, la mesa legislativa avanzó con el análisis de los diferentes expedientes en estudio, entre los que se plantea la reducción de la tasa de comisión que cobran las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y agilizar los procedimientos para que las personas con enfermedades terminales incapacitantes y los que tienen arraigo en otros países puedan acceder a la totalidad de sus ahorros.
Actualmente, el cobro en concepto de comisión es del 1.9% y se plantea reducirlo al 1.4%. El diputado presidente, Donato Vaquerano (ARENA), plantea que «es uno de los puntos primordiales que deben de analizarse»; sin embargo es de la idea que la Superintendencia del Sistema Financiero debe de presentar un estudio actualizado, a fin de ser responsables y no afectar las finanzas de las instituciones.
De acuerdo a la diputada relatora, Yanci Urbina (FMLN), en un informe reciente, la Superintendencia detalló que el punto de equilibrio es del 1.4%, en tal sentido la medida es viable.
La diputada Urbina añadió que la discusión de la comisión debe girar en torno a definir el rumbo de esa disminución del 0.5%. «Podría inyectarse a la Cuenta de Garantía Solidaria o a las cuentas individuales. La finalidad es mejorar los ahorros de los cotizantes para que las pensiones suban», remarcó.
Respecto a las iniciativas que buscan aliviar la situación de contribuyentes con enfermedades graves incapacitantes y las radicadas en otros países, el diputado Rodrigo Ávila (ARENA) manifestó que en la normativa actual ya se contemplan los procedimientos para hacer efectiva la devolución de fondos en esos casos; sin embargo, son mecanismos engorrosos, al grado que las personas se ven en la obligación de renunciar a la ciudadanía salvadoreña para acceder a sus ahorros.
El parlamentario Ávila también plantea que es necesario conocer la cantidad de afiliados que han cotizado menos de 10 años y que, por encontrarse cerca de la edad de jubilación, difícilmente aspiran a gozar de una pensión. “Podríamos apoyar a este sector para que accedan a esos fondos”, sostiene.
Recientemente, el Congreso aprobó un decreto legislativo que contiene disposiciones para que los cotizantes que ya cumplen con la edad y años de jubilación, y que hayan hecho uso del anticipo del 25% de sus ahorros, no se vean en la obligación de reintegrar dicho porcentaje. Es decir, que dicho monto sea restado del saldo individual y de esa forma puedan disponer del 75% acumulado.
Para la próxima jornada, los parlamentarios esperan contar con la participación de representantes de la Superintendencia del Sistema Financiero, con la finalidad de fortalecer el criterio técnico y así abordar con mayor responsabilidad las diferentes mociones.
