Juez ordena proteger los archivos de la masacre de El Mozote

San Salvador, (EFE).- Un juez de instrucción de El Salvador dictó este viernes una medida cautelar para tratar de proteger los archivos militares relacionados con la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (noreste) en 1981 antes de comenzar una serie de inspecciones.

El titular del Juzgado de Instrucción de San Francisco Gotera, Jorge Guzmán, señaló que los funcionarios «tienen en sus manos la administración y custodia de estos archivos militares», por lo que no podrán moverlos, ocultarlos ni sustraerlos.

Se trata de los archivos de seis unidades militares y del Archivo General de la Nación que serán inspeccionados a partir del próximo 21 de septiembre.
La medida fue ordenada al cierre de una audiencia especial en la que fueron citados altos funcionarios del Gobierno, que finalmente enviaron a sus representantes para programar las inspecciones.

En estas se pretenden recuperar archivos que tienen que ver con los planes de la guerra civil (1980-1992) relacionados con la masacre de El Mozote, considerada como uno de los ataques más atroces contra la población civil en Latinoamérica.

JUEZ DESECHA SOLICITUD DE NULIDAD
El abogado defensor Lisandro Quintanilla presentó al juez un recurso de «nulidad absoluta» contra la diligencia en los archivos, pero Guzmán la desechó y advirtió que era parte de una táctica para dilatar el proceso.

La decisión del juzgador dio paso a un momento tenso en la audiencia, dado que Quintanilla acusó a la jueza de estar «violentando el derecho a la defensa» y que no se puede hacer justicia «sobre la base de pisotear el principio de legalidad».

Por otra parte, los representantes del Gobierno y del Ejército mostraron recelos por la supuesta posibilidad de que durante las inspecciones se conozcan planes secretos.

El juez recordó que los documentos que se buscarán están señalados en la resolución en la que se ordena la diligencia y apuntó que no representa un problema que se conozcan los planes militares que se ejecutaron en 1981.

«El tribunal ha sido muy cuidadoso en señalar, en la resolución en la que se ordena practicar estas inspecciones, cuáles son los documentos que se pretende obtener» y «no es que se va a llegar a traer todo», sostuvo Guzmán.

También apuntó, ante las dudas de los funcionarios, que «las decisiones judiciales no se negocian, no se suplican. Las decisiones judiciales se imponen».

«Conocer la verdad de estos hechos es imperativo, tenemos personas que hace más de 39 años están esperando justicia», subrayó.

Se espera que las inspecciones en las unidades militares concluyan el 13 de noviembre y que los peritos del proceso entreguen su informe el 11 de diciembre, coincidiendo con el aniversario de la masacre.

La anulación de una ley de amnistía de 1993, mediante un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) de julio de 2016, permitió la reapertura del proceso.

Un registro estatal estima la cifra de víctimas de El Mozote en al menos 1.730, de las que 988 fueron ejecutadas, 48 sobrevivieron a la masacre, 665 son familiares de las personas asesinadas y 29 sufrieron desplazamiento forzado.

Según el informe de las Naciones Unidas, que da cuenta de crímenes de guerra, entre el 10 y el 13 de diciembre de 1981 unidades de élite del Batallón Atlácatl torturaron y ejecutaron «deliberada y sistemáticamente» a niños, hombres y mujeres del cantón El Mozote y sitios aledaños.