En su sesión de instalación, la Comisión especial para investigar las sistemáticas acciones irregulares del Órgano Ejecutivo, afectando el tratamiento, prevención y combate de la pandemia acordó citar a representes de la Dirección General de Migración y Extranjería El Salvador, Corporación de Municipalidades de El Salvador (COMURES) y de laboratorios privados.
El artículo 56 del Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa establece que los funcionarios y empleados públicos, inclusive los de instituciones oficiales autónomas y los miembros de la Fuerza Armada, están en la obligación de colaborar con las comisiones especiales del Órgano Legislativo. La comparecencia y declaración de personas requeridas por estas comisiones serán obligatorias, bajo los mismos apercibimientos que se observan en el procedimiento judicial y, además, proporcionarán por escrito cualquier información que se les solicite.
Sobre la convocaría a COMURES, el presidente de la comisión, diputado Emilio Corea (ARENA), indicó que el objetivo es que “vengan con datos concretos de cuántas personas han sido sepultadas en los 262 municipios en los distintos cementerios públicos y privados con protocolo COVID, con diagnóstico de neumonía atípica con sospecha de COVID-19 o sospecha”.
La diputada Rina Araujo (FMLN) consideró oportuno conocer el arancel que están pagando para ingresar al país las pruebas COVID. “Una de las cosas que se están dando y es de suma importancia, es que una buena cantidad de salvadoreños se desplazan a nuestros países vecinos a efecto de comercio, esta gente está teniendo problemas serios para la realización de las pruebas COVID, el problema es que se las tienen que hacer privados y valen $160 y solo dura 72 horas, está ocasionando a la población salvadoreña un problema extremadamente serio”, afirmó.
La instancia legislativa acordó sesionar los lunes a las 15:30 horas, con la posibilidad de reunirse dos veces a la semana, de ser necesario, para poder escuchar a diferentes instituciones públicas y privadas.
