El oficialismo controlaría la Asamblea Legislativa en 2021, según una encuesta

San Salvador, (EFE).- Los partidos políticos del oficialismo controlarán el Congreso de El Salvador tras las elecciones de febrero de 2021 con el 83 % de los diputados, según proyecciones de una encuesta universitaria dada a conocer este lunes.

El sondeo del Centro de Estudios Ciudadanos de la Universidad Francisco Gavidia (UFG) señala que el partido Nuevas Ideas (NI, derecha) posee el 48 % de las preferencias electorales, mientras que la Gran Alianza por la Unidad Nacional (GANA, derecha) el 6,1 %.

NI surgió de un movimiento fundado por Bukele, actualmente dirigido por uno de los familiares del mandatario, y que fue la primera opción para buscar la presidencia.

No obstante, atrasos en su inscripción y otros problemas llevaron a Bukele, que fue expulsado del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda), a utilizar la formación de extrema derecha Gana como vehículo electoral.

Estos datos, de acuerdo con un análisis publicado en la revista Disruptiva, de la misma universidad y en la que también se difundió la encuesta, le daría a este bloque del oficialismo un máximo de 70 legisladores.

El mayor número sería para NI con 51, para Gana otros 5 y 14 para la coalición NI-Gana en varios departamentos del país, principalmente de la zona oriental.

Los tradicionales FMLN y Alianza Republicana Nacionalista (Arena, derecha) continuarían con su debacle electoral al sumar 5 y 6 legisladores, respectivamente. Cifras que se alejan de los 27 y 33 diputados que tienen actualmente cada uno.

El bloque de oposición lo completaría el Partido Demócrata Cristiano (PDC, derecha) con un diputado.

PODER CASI ABSOLUTO

Este número de legisladores le permitiría Bukele gobernar prácticamente sin oposición legislativa y concretar proyectos como el de dar el primer paso para modificar la Constitución.

En la Asamblea Legislativa salvadoreña las leyes se aprueban con 43 votos, mientras que el presupuesto y los préstamos con 56 votos.

La ratificación y distribución de fondos provenientes de préstamos para la atención de la pandemia del COVID-19 ha sido un punto que mantiene en confrontación al Gobierno de Bukele y al Congreso.

Por otra parte, para que se pueda modificar la Constitución es necesario que se apruebe en una legislatura y, tres años después, se ratifique por la siguiente.

Bukele ha delegado a su vicepresidente, Félix Ulloa, para encabezar el estudio y presentación de una reforma constitucional, que incluiría las cláusulas pétreas, mismas que la Constitución vigente prohíbe modificar.

Estas cláusulas incluyen la forma y sistema de gobierno, el territorio del país y la alternancia en el poder Ejecutivo, esto último evita la reelección inmediata y, según un fallo de la Corte Suprema, da un margen de 10 años para que un presidente pueda buscar un nuevo período.

El pasado 9 de septiembre, el Gobierno manejó públicamente por primera vez la posibilidad de convocar a una constituyente y discutir las normas pétreas, pese a que ha negado la intención de cambiar las citadas cláusulas.

El Congreso salvadoreño también elige a fiscal general, procurador general y de los Derechos Humanos, jueces de la Corte Suprema de Justicia, magistrados del Tribunal Supremo Electoral y de la Corte de Cuentas.

La publicación con la proyección de la UFG advierte que es un «ejercicio es de carácter ilustrativo, puesto que el margen de error en la mayoría de departamentos es muy alto».

Por otra parte, las opiniones sobre la necesidad de una Asamblea Legislativa de mayoría oficialista o equilibrada para todos los sectores se encuentran prácticamente empatadas.

El 47,4 % opina que al país le «conviene» una Congreso de «mayoría que apoye al gobierno» y el 46,2 % que sea equilibrado.

GESTIÓN APROBADA

La encuesta señala que la población salvadoreña dio, en un rango del 1 al 10, una nota de 8,67 puntos al presidente Bukele, ligeramente inferior al 8,7 registrado en abril pasado y superior al 8,21 de febrero.

Esto supone, según la publicación, un «blindaje político» para el mandatario y su Gobierno frente a acusaciones de corrupción contra funcionarios, señalamientos de negociación con las pandillas y el constante choque con el órgano Legislativo y Judicial.

El sondeo de la UFG se llevó a cabo entre el 2 y 8 de septiembre, con una muestra nacional de 1.305 entrevistas a personas adultas, y con un error de muestreo de más o menos el 2,5 por ciento y un 95 por ciento de confianza.

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