San Salvador, (EFE).- Una corte de El Salvador ordenó el embargo preventivo de los bienes de la empresa italiana Astaldi por más de 227 millones de dólares en un proceso penal vinculado con la malversación de fondos públicos en el país centroamericano, informó este martes el órgano Judicial.
La fuente detalló que la medida cautelar fue dictada por el Juzgado Noveno de Instrucción, que conoce una causa penal que enfrenta el expresidente Mauricio Funes (2009-2014), exfuncionarios de su Gobierno y representantes de la referida empresa.
El monto total a embargar a la Sociedad Astaldi Società per Azioni es de 227.677.113 dólares y la medida fue solicitada por los abogados de la estatal Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL), que se presentó como querellante.
Explicó que la resolución, emitida el 28 de septiembre, señala que «es procedente emitir la solicitud de asistencia judicial a la República de Italia, a fin de que se lleve y se materialice el embargo preventivo en bienes propios de Astaldi, siendo su presidente Paolo Astaldi en ese país».
También ordenó que se imponga el embargo preventivo sobre los bienes de los imputados José Leopoldo Samour y Mario Pieragostini Maiocchi, «una vez la parte interesada indague con exactitud los bienes sobre los cuales recaerá el embargo».
Los delitos atribuidos a Funes y el resto de imputados son peculado, lavado de dinero y agrupaciones ilícitas. A su vez, se acusa de cohecho propio al representante legal de Astaldi, Mario Perasgostini Maiocchi, de origen italiano.
De acuerdo con el fiscal general, Raúl Melara, Funes lideró un «entramado criminal» que permitió llegar a un «acuerdo directo» entre el Gobierno y la empresa Astaldi para finalizar el contrato de la construcción de un represa tras el pago de 108,5 millones de dólares, de los que 45,2 millones no fueron justificados.
La referida compañía tenía un contrato desde 2008 por más de 219,9 millones de dólares con el Gobierno para construir dicha represa, pero esta abandonó la obra por «imprevistos» geológicos.
Melara explicó que, según estudios de consultores, el Estado salvadoreño tenía el 70 % de posibilidades de ganar un juicio internacional, dado que el contrato establecía que Astaldi debía asumir los costos de cualquier imprevisto en la obra.
De acuerdo con la acusación fiscal, Funes habría lavado 3,5 millones de dólares en empresas «fachadas» en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curazao, fondos que supuestamente se dieron como «dádiva» por el arreglo.
Funes, quien gobernó bajo la bandera del «cambio» del ahora opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) ante la corrupción de administraciones anteriores, es el tercer presidente de la democracia salvadoreña en ser acusado de apoderarse de dinero público.
