(EFE).- El titular de la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos (PDDH) de El Salvador, Apolonio Tobar, denunció este viernes que el Gobierno de Nayib Bukele le impuso un limite presupuestario inferior en más de 400.000 dólares para 2021, lo que calificó de un «ataque» al funcionamiento de la institución.
Tobar aseguró a la prensa que el presupuesto para el próximo año será inferior en 418.421 dólares respecto a 2020, lo que representa una baja de aproximadamente el 4 %.
Esta baja pondría los fondos de la PDDH a niveles de 2019, dado que para el año en curso recibió un incremento de 500.000 dólares. «La reducción presupuestaría a la institución representa un ataque a la misma porque imposibilita con ello que se ejerza la función constitucional» de «vigilar, promover y garantizar la protección de los derechos humanos», señaló el funcionario.
Sostuvo que el Ministerio de Hacienda estableció el limite presupuestario y «de no presentarse en esos límites, en esos techos, no se recibe» mediante un sistema electrónico.
Agregó que, con unas declaraciones dadas por Bukele la noche del jueves contra él, «quedó evidenciado que existe una estrategia perfectamente definida para atacar de manera constante y sistemática» a la PDDH.
Bukele, durante una cadena nacional de radio y televisión, acusó a Tobar de responder a intereses del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, de izquierda) y aseguró que su nombramiento por parte del Congreso es «inconstitucional».
El mandatario declaró esto al defender el bloqueo de una inspección judicial en instalaciones militares para la búsqueda de archivos relacionados con la masacre de 1.000 personas en El Mozote (noreste) en 1981.
A juicio del mandatario, Tobar buscaría ingresar al sitio en el que se resguardan archivos secretos para posteriormente revelarlos, a pesar que en las inspecciones iniciales participaría una representante del funcionario y no él en persona.
«No hay una intención de descubrir planes pasados, presentes ni futuros que no tengan que ver con la masacre de El Mozote. Pensar lo contrario es solo un juego de palabras para evadir el cumplimiento de una resolución judicial», aseguró Tobar.
La PDDH fue fundada en 1992, como fruto de los Acuerdos de Paz que pusieron fin a 12 años de guerra civil, para vigilar que no se repitan los atropellos a los derechos humanos cometidos por las fuerzas estatales antes y durante el conflicto armado que asoló al país.
Un grupo de seis congresistas republicanos de Estados Unidos se mostraron preocupados recientemente por el aparente «alejamiento» del Gobierno de Bukele de las normas democráticas.
«Nos preocupa lo que parece ser un alejamiento lento pero seguro del Estado de derecho y las normas de la democracia que nuestro hemisferio se ha esforzado tanto por preservar», señala el documento fechado el 23 de septiembre y al que el mandatario le restó importancia.
A principios de septiembre, congresistas demócratas también enviaron una carta al mandatario salvadoreño para manifestar su «profunda preocupación» a raíz de «la creciente hostilidad del Gobierno salvadoreño hacia los medios de comunicación independientes y de investigación».
La noche del jueves, Bukele anunció la desclasificación de archivos supuestamente relacionados con la masacre pero, al tiempo, nombró como su embajadora en Estados Unidos a una diputada reconocida por sus mensajes de admiración al militar acusado de dirigir en el terreno la operación que derivó en la matanza.
Se trata de Milena Mayorga, expresentadora de televisión y diputada disidente de la oposición. «Existen personas que nunca mueren, pues se convierten en mitos y leyendas. Hoy se celebra el natalicio del Coronel Domingo Monterrosa», publicó la nueva embajadora en agosto de 2018 en sus redes sociales.
