San Salvador, 16 nov (EFE).- El principal impulsor de la causa por la masacre de seis padres jesuitas, entre ellos el teólogo Ignacio Ellacuría, y dos mujeres en El Salvador en 1989, José María Tojeira, reafirmó este lunes que existen vías para reabrir el proceso penal, que tuvo un revés tras un fallo de la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia (CSJ).
«No los vamos a olvidar (a los jesuitas), ni siquiera jurídicamente, ni siquiera en el nivel de justicia los vamos a olvidar. Va a seguir la cosa (intentos de reapertura), van a ver», dijo el religioso en un vídeo difundido por la Universidad Centroamericana (UCA) a propósito del 31 aniversario de la matanza.
La Sala de lo Penal resolvió tres recursos de casación a favor de los vinculados al crimen, incluido el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), el pasado ocho de septiembre y se dio a conocer el 29 de octubre.
En dicha resolución se ordenaba el cierre de la causa contra los autores intelectuales, misma que en 2017 reabrió un juzgado de paz y cuya decisión apoyó una corte de apelaciones.
Tojeira, exrector de la UCA y director del Instituto de Derechos Humanos de la UCA (Idhuca), criticó la decisión de los magistrados y señaló contradicciones.
«Aquellos que quisieron arrancar de la historia de El Salvador siguen presentes» y «una manera de arrancarlos de la historia es buscando que no haya justicia contra la autoría intelectual y eso lo hemos estado viendo», añadió el religioso de origen español.
Señaló que uno de los dos jueces que emitieron el fallo a favor de los supuestos autores intelectuales había firmado con anterioridad un fallo de la CSJ en pleno en la que negó la conmutación de la pena de uno de los autores materiales por ser un crimen de lesa humanidad.
No obstante, en la resolución que ordena no seguir investigando el crimen se ignoró una sentencia de 2016 de la Sala de lo Constitucional que señala que este tipo de delitos no prescriben.
La Fiscalía salvadoreña pidió a la Sala de lo Penal que reconsidere el fallo mediante un escrito, en el que además recusó a los jueces que emitieron la resolución para que su petición sea conocida por otros magistrados.
El Pleno de la CSJ deberá procesar esta recusación antes de que la referida sala estudie y emita una resolución sobre la solicitud del Ministerio Público.
Por su parte, la UCA pidió recientemente a la Sala de lo Constitucional que anule el cuestionado fallo por ignorar uno de sus fallos.
En 2019, una de las principales amenazas contra este caso y otros de crímenes perpetrados durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992) era una ley de reconciliación nacional estudiada en el Congreso, misma que fue aprobada por el órgano Legislativo y vetada por el presidente Nayib Bukele.
La madrugada del 16 de noviembre de 1989, un escuadrón del batallón elite Atlácatl del Ejército asesinó a los españoles Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró, Amando López y Juan Ramón Moreno y al salvadoreño Joaquín López. También a Elba Ramos y su hija Celina, colaboradoras de los religiosos.
Los señalados de los asesinatos son el expresidente Alfredo Cristiani (1989-1994), los generales Humberto Larios, Juan Bustillo, Francisco Fuentes, Rafael Zepeda, el fallecido René Emilio Ponce y el coronel Inocente Montano, recientemente condenado en España.
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