Arambala, El Salvador. (EFE).- No vieron la sangre, ni el fuego. No escucharon los gritos, ni la metralla. No huyeron por las veredas, ni dejaron atrás lo que habían construido con su propias manos convirtiéndose en cenizas; pero todo lo que la barbarie del Ejército salvadoreño destruyó en El Mozote y sitios aledaños en diciembre de 1981 también fue una parte de ellos, de sus vidas.
De las cenizas de la masacre de El Mozote, que dejó unas 1.000 vidas segadas, surge una nueva generación de hijos y nietos de los supervivientes que no temen tomar la batuta en su lucha por rescatar la memoria de sus familiares y por alcanzar justicia en los tribunales.
Entre el 10 y 13 de diciembre de 1981, unidades de élite del Ejército ejecutaron al menos a 988 personas, la mayoría niños, en una operación militar de tierra arrasada, crimen por el que son procesados más de una docena de mandos castrenses retirados.
LA MEMORIA DE SUS PADRES
Olga Sánchez Vigil, Walter Gutiérrez y Nancy Guevara Márquez son parte de un grupo de miembros de la Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote con edades entre los 20 y 30 años de edad, cuyos padres pudieron salir de la zona poco tiempo antes de que se cometiera la masacre.
Olga relató a Efe que su padre regresó a El Mozote «un día después de la masacre», que desde la carretera «sentía el olor a quemado» y que en el caserío logró sepultar a prisa a algunos familiares que reconoció.
«Tuvo que salir nuevamente porque todavía había soldados» recordó la joven, cuya familia perdió a más de 50 miembros.
Señaló que «es muy importante que los jóvenes se involucren en estos procesos» para lograr un «relevo generacional», porque «al final nuestro padres van a fallecer y no van a lograr ver la justicia como ellos quisieran».
Olga se acercó al grupo de sobrevivientes que fundó la referida asociación para ayudar a su padre con las actas de las reuniones, cuando tenía 12 años de edad.
Walter Gutiérrez contó que él nació fuera de El Mozote, que su familia fue desplazada de la zona después de que asesinaran a tres de sus miembros y que regresó al tener 12 años de edad, cuando El Salvador había concluido la guerra civil (1980-1992).
Recordó que comenzó a comprender la historia de la matanza al sumarse como voluntario para buscar archivos en las iglesias católicas cercanas para respaldar la existencia de las personas asesinadas.
Esta información serviría para llevar el caso ante la justicia local y la demanda internacional con la que en 2012 la Corte Interamericana de Derechos Humanos condenó al Estado salvadoreño.
«Lo que más me conmueve es que aquí no se perdonaron niños, no se perdonó a nadie», indicó.
Afirmó que aún existen casos de personas asesinadas cuya identidad no se ha logrado probar legalmente por la destrucción de documentos en la quema de iglesias y de casas.
Lamentó que en El Mozote no se ha dado asistencia psicológica a lo sobrevivientes, lo que ha llevado a que algunos no puedan contar su experiencia y comenzar a sanar.
CON EL DEDO EN EL RENGLÓN
Nancy aseguró a Efe que «ver el momento en que tu papá o tu mamá te cuenta cómo mataron a tus abuelos o a tus tíos es realmente una experiencia que ayuda a comprender el dolor de ellos y a sensibilizarte con la lucha».
Ella lamenta que el apoyo estatal «ha disminuido» para las medidas de reparación, principalmente en los últimos años.
«No se siente que vayamos avanzando, por el hecho de que no se quieren abrir los archivos militares» y los argumentos «se basan en falacias» por parte del Ejecutivo, dijo.
Esto en referencia al bloqueo de las inspecciones judiciales en los archivos militares que realizó el Ejército con respaldo del presidente Nayib Bukele.
«Tuvimos la esperanza de que íbamos a sentar un precedente para las nuevas generaciones para que esto no se vuelva a repetir (…), sin embargo, no está pasando, no se está viendo un avance y no se está respaldando como se debe de respaldar un proceso de esta magnitud», acotó.
Añadió que las declaraciones del mandatario, en las que señaló que las inspecciones respondían a las intenciones de un partido de la oposición para afectar a su Gobierno la «indignan».
«Por el hecho de ser joven, de no tener un pasado político pisoteado yo creí que iba a ver una nueva esperanza», pero «estamos viendo una posición de respaldar al opresor, a las personas responsables de esta masacre», subrayó.
Nancy, al igual que Olga y Walter, acompaña desde más joven a los sobrevivientes en el trabajo de la asociación y a los 19 años de edad ingresó plenamente.
Ella asegura que «ya se comprobó» la masacre y que el proceso debe ir a juicio.
La masacre tuvo lugar durante la guerra interna que enfrentó al Ejército, financiado por Estados Unidos, y a la entonces guerrilla FMLN y dejó un saldo de 75.000 muertos y 8.000 desaparecidos.
LOS HIJOS DE LOS HIJOS
Miriam Nuñez, una habitante sexagenaria de El Mozote, atesora un vestido viejo. Es pequeño y aún conserva las manchas de sangre de una niña de 18 meses asesinada junto a sus padres y hermanos de apenas 10 y 8 años de edad.
Esa pequeña prenda, que fue recuperada en 2011 durante la exhumación de los restos de la familia, da testimonió de que en El Mozote también se asesinó a los niños.
Un registro estatal señala que de las casi 1.000 personas ejecutadas en El Mozote, al menos 552 fueron niños, incluidos 12 en estado de gestación.
Nancy, Olga y Walter son padres de una nueva generación que no será ajena a la masacre.
«Uno se involucra en esto por la misma familia» y «lo importante es la cadena que se puede generar en una familia para que se pueda ir dando un relevo generacional», sostuvo Olga.
(c) Agencia EFE
