Asamblea convocará al titular de Obras Públicas para abordar inconstitucionalidad del SITRAMSS

Durante la reunión de la Comisión de Obras Públicas, Transporte y Vivienda, los legisladores acordaron convocar al ministro de Obras Públicas y Transporte, Romeo Rodríguez, para la reunión del 27 de enero, con el propósito de que amplíe sobre las acciones que están realizando para dar cumplimiento a la sentencia de inconstitucionalidad de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia, del uso privativo del carril segregado del servicio público de pasajeros del Sistema Integrado de Transporte del Área Metropolitana de San Salvador (SITRAMSS), así como para que informe sobre los contratos con la empresa  GEA de El Salvador.

El presidente de la comisión, diputado Carlos Reyes (ARENA), detalló que precisan conocer la opinión del ministro respecto a estas temáticas. “La sentencia de la Sala de lo Constitucional dio un plazo en el que debería de tenerse una propuesta en cuanto al carril del SITRAMSS si se iba a seguir utilizando en la parte privada, y que se plateara por parte de las autoridades de Obras Públicas si realmente había un proyecto nuevo para poderse ejecutar y que siga funcionando el SITRAMSS”, indicó.

En otro tema, los legisladores se reunieron con representantes de la Mesa Nacional del Transporte, quienes expresaron sus valoraciones respecto a la  iniciativa de varios diputados, en el sentido se emitan Disposiciones de Traspaso de concesión y de permiso de operación de transporte público colectivo, iniciativa que busca ampliar el plazo para que se puedan legalizar dichos traspasos y se otorga un lapso de doce meses a la circulación de aquella unidades de transporte que cumplieron su vida útil en el 2020 y las que vencerán el 2021.

Sobre esta propuesta, los diputados acordaron solicitar opinión al Viceministerio de Transporte, con el objetivo de que sea aprobada a la brevedad posible.

De igual forma, los diputados escucharon las opiniones de representantes de Comunidades de Fe en Acción sobre el proyecto de Ley de regularización de lotificaciones antiguas e irregulares y de la asociación de la mesa nacional de habitantes de línea férrea, quienes expresaron su preocupación ante el anuncio de parte del Ejecutivo del proyecto Tren del Pacífico.  

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