Piden una reforma a la Constitución para garantizar la alimentación en El Salvador

San Salvador, 12 ene (EFE).- La Iglesia Católica solicitó este lunes a diputados de una comisión de la Asamblea Legislativa que se reforme la Constitución para garantizar el derecho humano a la alimentación adecuada para los salvadoreños.

El arzobispo de San Salvador, José Luis Escobar Alas, y miembros de la Alianza por la Reforma Constitucional por el Derecho humano a la Alimentación se reunieron con los diputados integrantes de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales para exponer su iniciativa.

«La iniciativa se trata de garantizar el derecho a la alimentación con dignidad y adecuada, y que las personas tenga el salario necesario y las posibilidades (…) El Salvador es uno de los pocos países en el que no tenemos reconocido el derecho a la alimentación y esto no puede ser así», dijo el religioso.

Señaló que los efectos causados por la tormenta tropical Cristóbal y por los huracanes Amanda, Eta e Iota, y por la pandemia del coronavirus podrían agudizar la situación de la alimentación en el país.

Los promotores de la iniciativa piden que se reforme el artículo 69 de la Carta Manga, el cual plantea que «toda persona tiene derecho a una alimentación adecuada. Es obligación del Estado crear una política de seguridad alimentaria y nutricional para todos los habitantes y una ley regulara esta materia».

Se solicita la incorporación de un inciso segundo en el que se «reconozca el derecho de los salvadoreños a una alimentación adecuada, digna, estable, duradera y saludable», añadió Escobar Alas.

De ser aprobada dicha reforma por la Asamblea actual, la próxima legislativa, que será elegida el 28 de febrero próximo y tomará posesión en mayo, deberá ratificarla.

El año pasado, el Congreso aprobó una reforma a la Constitución con la que se reconoce el acceso al agua y su saneamiento como un derecho humano, iniciativa que deber ser ratificada en la siguiente legislatura.

Esta reforma, aprobada con 78 votos de los 84 diputados, entrará en vigencia hasta que los legisladores electos en febrero próximo la ratifiquen con mayoría calificada, que se conforma al menos 56 votos.