La Comisión Especial para investigar las sistemáticas acciones irregulares del Órgano Ejecutivo, afectando el tratamiento, prevención y combate de la pandemia emitió el informe parcial del trabajo realizado, mediante el cual recomiendan al presidente de la República destituir al ministro de Salud, Francisco Alabí, por irregularidades en el manejo de la pandemia y por supuesto conflicto de interés.
Igualmente, recomiendan a la Asamblea que certifique este informe a la Fiscalía General de la República, al Tribunal de Ética Gubernamental, a la Corte de Cuentas de la República, con el fin de que se investigue el posible cometimiento de delitos establecidos en el artículo 326 y 327 del Código Penal, peculado por culpa o concusión por parte del ministro de Salud en el proceso de contratación de un inmueble como centro de contención propiedad del señor José Angel Montoya Quiñónez.
Al respecto, el presidente de la comisión, diputado Emilio Corea (ARENA) recalcó: “Otra de las conclusiones es que el personal de primera línea que falleció a lo largo de la pandemia se contagió debido a que el Ministerio de Salud y el Instituto Salvadoreño del Seguro Social no les dotó del equipo de bioseguridad oportuno de manera idónea y eficaz para que ellos pudieran atender a las personas que adolecían la enfermedad”.
Además, se recomienda que se investigue el posible cometimiento de delitos por parte de la presidenta del Instituto Salvadoreño de Rehabilitación Integral y a la directora del Centro de Atención de Adultos Mayores Sara Zaldívar, en relación que desconocen la ubicación o estado de salud de 51 adultos mayores que estaban bajo su tutela, así como también que se investigue al Consejo Directivo y actual directora del Instituto Salvadoreño del Seguro Social, por el préstamo de $25 millones entregados al Gobierno central.
De igual manera, recomiendan al presidente de la República y demás funcionarios del Ejecutivo que cesen los bloqueos a la información pública de carácter epidemiológica; al ministro de Salud que realice un trabajo técnico sanitario apartado de cualquier inclinación política que vaya en detrimento de los derechos humanos de los salvadoreños.
Este informe parcial será certificado a la Oficia de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humamos, a Human Rights Watch, Organización Mundial de la Salud, así como al Congreso y Senado de Estados Unidos.
