Dos reformas canceladas, varias renuncias gubernamentales y la creación de una mesa de diálogo entre el Gobierno y el Comité Nacional del Paro son parte del balance. Pero, la violencia se ha convertido en su alto costo. Muertes, desapariciones y abusos sexuales alarman sobre violaciones a los derechos humanos perpetradas presuntamente por la fuerza pública. La CIDH advierte sobre una grave crisis.
Una desigualdad de décadas avivada con impopulares reformas políticas detonó el hartazgo por el que miles de colombianos se tomaron las calles. Tras un mes de protestas, algunos frutos han sido visibles. Sin embargo, aún quedan muchas peticiones por resolver. La crisis se agrava con la mirada puesta en las violaciones a los derechos humanos.
Las protestas, que comenzaron el pasado 28 de abril junto a un paro nacional, presionaron al Gobierno y a los legisladores a archivar las impopulares reformas tributaria y de salud, iniciales detonantes de las manifestaciones.
Pero la decisión de la Administración de Iván Duque no logró contener los reclamos, ahora avivados por denuncias de brutalidad policial que derivaron en impactantes focos violentos, especialmente en Bogotá, la capital, y en Cali, la tercera ciudad del país. Las inconformidades se extienden a otras demandas.
Entre ellas, un ingreso básico, oportunidades para los jóvenes y el fin de la violencia policial, incluidos los llamados para eliminar ESMAD, el Escuadrón Móvil Antidisturbios, acusado de reprimir a los manifestantes. Los ciudadanos también expresan su frustración por la corrupción, la pobreza, la desigualdad y la continua violencia en las zonas rurales, donde son asesinados líderes sociales y excombatientes de la antigua guerrilla de las FARC.
A continuación, un repaso sobre lo que deja el primer mes de las movilizaciones que sacuden a Colombia:
Las protestas disminuyen su volumen, pero el pulso sigue siendo sólido
Luego de 30 días, las manifestaciones han atravesado por jornadas con menor flujo de participantes. El 26 de mayo Colombia vivió su quinto paro nacional en el que se evidenció una disminución en la asistencia.
No obstante, queda demostrado que aún hay cientos de personas elevando sus voces dispuestas a presionar por cambios sustanciales.
El impulso se mantiene. «Las protestas nos afectan, pero es preferible ir a la huelga uno, dos, tres meses que pasar la vida entera con tanta corrupción, sin ayuda del Estado», aseguró el trabajador bancario Eduard Barragán, de 29 años, en el centro de Bogotá.
Si bien la mayoría de manifestaciones son pacíficas, del otro lado, hay quienes no están de acuerdo con las huelgas y los bloqueos de carreteras que durante un mes de estallido social han paralizado aún más los negocios, creado desabastecimiento de combustible y alimentos en algunas ciudades, así como daños a peajes, estaciones de policía, bancos y establecimientos comerciales. Estos grupos de personas también han salido a expresarse en una especie de contra protesta.
Frente a la condena internacional por el uso de fuerza excesiva, el Gobierno de Duque asegura que respeta las manifestaciones pacíficas, al tiempo que insiste en que los bloqueos de carreteras no son protestas legítimas y deben ser levantadas.
Dos reformas canceladas y varias renuncias gubernamentales
La presión de las movilizaciones a lo largo del país deja por el momento dos logros tangibles: el retiro del proyecto a la reforma tributaria, anunciado el pasado 2 de mayo y la cancelación de la reforma a la salud, el pasado 19 de mayo.
La iniciativa fiscal buscaba un importante aumento de impuestos sobre las clases media y baja del país para recaudar alrededor de 6.302 millones de dólares, con el fin de llenar los agujeros de las arcas públicas del Estado, golpeadas por la pandemia del Covid-19. Pero en un momento de crisis económica, justamente a raíz de la emergencia sanitaria que obligó al cierre del comercio, turismo y diversos negocios, este proyecto fue solo la última gota que colmó la paciencia de los ciudadanos.
La reforma a la salud, por su parte, pretendía privatizar una sanidad de por sí altamente tercerizada. En medio de las fuertes críticas desde distintos sectores, el Congreso votó por mayoría para archivar el controvertido proyecto de ley 010 de 2020.
El remesón ha llegado hasta las altas esferas del poder político. El Gobierno ha recibido tres renuncias en el último mes. El pasado 5 de mayo, dimitió el entonces ministro de Hacienda, Alberto Carrasquilla. Los manifestantes pedían su cabeza tras ser el impulsor de la polémica reforma tributaria.
Luego, el 13 de mayo, la canciller Claudia Blum se apartó del cargo, tras rechazar «los pronunciamientos externos que no reflejan objetividad y que buscan alimentar la polarización en el país» y que «Colombia es un estado de derecho (…) y seguirá siendo un país abierto al escrutinio internacional», explicó en ese momento.
El Alto Comisionado para la Paz, Miguel Ceballos, anunció su dimisión el 23 de mayo. Aunque indicó que su renuncia no estaría directamente relacionada con las protestas debido a que comunicó al presidente su decisión desde el pasado diciembre, completó la tercera renuncia que recibe Duque en un mes de estallido social.
Las cifras de la violencia, el alto costo de los logros en un mes de protestas
Muertes, desapariciones, agresiones sexuales y detenciones arbitrarias, entre otros hechos violentos, muestran el alto costo que han pagado algunos de los manifestantes a cambio de algunos avances en los reclamos de millones de colombianos.
Según los últimos datos emitidos por la ONG local Temblores, se han registrado 43 muertes presuntamente a manos de miembros de la fuerza pública, 46 víctimas de agresiones oculares y 22 casos de algún tipo de violencia sexual. La Defensoría del Pueblo cifra en al menos 42 la cantidad de personas fallecidas.
Por primera vez desde que iniciaron las revueltas sociales, la Fiscalía General publicó el pasado 25 de mayo que recibió reportes de 43 personas fallecidas, cifra que coincide con la de Temblores. Sin embargo, el ente acusador especificó que, del total, solo 17 muertes “tienen nexo directo” con las protestas. Además, indicó que al menos 129 personas se encuentran desaparecidas y 290 que habían sido reportadas como no localizadas ya fueron encontradas.
Por su parte, Human Rights Watch señaló que ha recibido “denuncias creíbles sobre 61 muertes ocurridas en Colombia desde que comenzaron las protestas”. De las cuales ha confirmado 28.
Estos hechos tuvieron entre la espada y la pared al ministro de Defensa, Diego Molano, para quien la oposición lanzó una moción de censura en el Congreso, al acusarlo como el máximo responsable de lo ocurrido. Sin embargo, el 27 de mayo la plenaria del Senado hundió la petición con una votación de 31 votos por el Sí y 69 por el No, por lo que Molano continuará en el Ministerio.
Entretanto, la violencia se extiende y en algunos casos miembros de la Policía también han sido blanco de agresiones. Al menos tres uniformados han muerto y algunas mujeres miembros de esta institución han denunciado que han sido objeto de golpes, torturas e intento de abuso sexual por parte de encapuchados. Además, decenas de Comandos de Atención Inmediata (CAI) han sido incendiados.
El martes, en un hecho que impactó al país, el Palacio de Justicia de Tuluá ardió en llamas hasta quedar destruido, luego de que un grupo de desconocidos prendiera el fuego. El jefe de bomberos de la localidad aseguró que una multitud impidió el paso de su equipo para evitar la extinción de las llamas.
«Ataques como los de esta noche en Tuluá dejan de ser vandálicos y se convierten en actos terroristas. La protesta pacífica es legítima, la violencia es delito», manifestó el ministro de Justicia colombiano, Wilson Ruiz, en su cuenta de Twitter.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) advierte sobre una grave crisis e insiste en que se autorice el ingreso de una misión para verificar los hechos. El Gobierno colombiano ha puesto en espera a la delegación al señalar que primero deben concluir las investigaciones de las autoridades locales. Sin embargo, la vicepresidenta de Colombia, Marta Ramírez, anunció que a finales de junio se decidirá la fecha en que la comisión podrá visitar el país.
El preacuerdo entre el Comité Nacional del Paro y el Gobierno
Mientras el descontento continúa en las calles, el Gobierno colombiano y el Comité Nacional del Paro intentan negociar una salida a la crisis, aunque avanzan con lentitud. Tras nueve días de conversaciones, el lunes anunciaron un preacuerdo para instalar mesas de negociación. “Compromisos serios y verificables” para terminar con la violencia policial y garantizar el derecho a la protesta fueron las primeras condiciones por parte de los activistas para iniciar el proceso de negociación.
“Hemos logrado un preacuerdo que brinda un marco general sobre las garantías para el ejercicio de la protesta que nos permita la instalación y el inicio de las negociaciones del pliego de emergencia presentado por el Comité Nacional de Paro”, señaló Laura Alzate, representante de la Asociación Colombiana de Representantes Estudiantiles de la Educación Superior.
El paquete de peticiones incluye el fortalecimiento al plan de vacunación contra la pandemia del Covid-19, renta básica de emergencia de al menos un salario mínimo mensual, equivalente a alrededor de 243 dólares, defensa de la producción agrícola, subsidios para las pequeñas y medianas empresas, matrícula gratis en entidades públicas de educación, derogación del decreto 1174 de 2020 que, según las centrales obreras, afecta el sistema general de pensiones para los trabajadores informales y detener las fumigaciones con glifosato para erradicar cultivos ilícitos, que el Gobierno busca reanudar.
Por su parte, el mandatario colombiano anunció educación superior pública gratuita para jóvenes de los estratos económicos menos favorecidos para el segundo semestre de 2021, decisión que fue bien recibida por varios sectores. Sin embargo, se encontró con algunas críticas desde la oposición, que lo consideran insuficiente, pues creen que debería garantizarse a largo plazo.
Duque también asegura que su Gobierno trabaja por la masificación de la inmunización contra la pandemia y plantea un pacto para mitigar la tasa de desempleo juvenil que durante el primer trimestre del año llegó al 24%.
La negociación se vislumbra amplia, pero se espera que acabe con la violencia que ha marcado uno de los capítulos más preocupantes de la historia reciente del país agudizado por una pandemia.
