Los diputados de la Comisión de Relaciones Exteriores emitieron un dictamen favorable de la Ley de Agentes Extranjeros, la cual ha generado opiniones a favor y en contra en varios sectores del país.
Esta propuesta de ley –integrada por 17 artículos- tiene el fin de que los ciudadanos conozcan la influencia de «agentes extranjeros» en la opinión pública, así como preservar la estabilidad social y política del país. Es decir, la ley busca generar trasparencia, fortalecer la institución del Estado y combatir de manera frontal la corrupción, según el oficialismo.
Periodistas y defensores de derechos humanos han comparado la iniciativa del Gobierno con la Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, aprobada en Nicaragua en 2020. Sin embargo, el presidente Nayib Bukele ha dicho que es símil a la de Estados Unidos.
“Hay personas que no están de acuerdo con la transparencia, por eso han hecho una campaña sucia que busca tergiversar el trabajo de esta comisión”, comentó la diputada presidenta, Ana Figueroa.
La legisladora alentó a las oenegé que sí sirven al trabajo social a guardar la calma, debido a que no resultarán afectadas, pues no pagarán impuestos.
Actualmente, no existe un marco jurídico que regule las actividades que realizan las personas naturales o jurídicas nacionales o extranjeras, en nombre o interés de un extranjero dentro de El Salvador, por lo que es necesario emitir un marco legal para garantizar la transparencia.
Los legisladores de la mesa de trabajo estudiaron cada uno de los artículos. Leyeron uno a uno los textos para realizar las modificaciones necesarias e integrar nuevos apartados para determinar un proyecto adecuado a la transparencia.
Para lograr un documento íntegro, los legisladores recibieron en el seno de la comisión a diversos funcionarios, como al fiscal general de la República, Rodolfo Delgado; ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, entre otros.
En esa ocasión, el fiscal explicó ante la comisión que el Estado salvadoreño tiene la obligación de proteger su sistema de Gobierno, modelo económico y a los miembros de la sociedad. Añadió, además, que los salvadoreños tienen el derecho de decidir su futuro como sociedad, sin la injerencia de agentes extranjeros que quieran determinar decisiones que solo le competen al país.
Detalles del articulado
Los diputados destacaron que con esta nueva normativa las donaciones para proyectos sociales no deberán pagar impuestos. De esta forma, la ayuda llegará íntegra a todas las familias que lo necesitan.
“Hacemos un llamado a las oenegé y a todos aquellos que se dedican al beneficio social para que no se preocupen, debido a que no pagarán impuestos”, comentó la diputada Figueroa.
Por su parte, el legislador Raúl Chamagua detalló que: “Son dos los beneficios que las oenegé tendrán por medio de la aprobación de la ley: la transparencia con los fondos que envíen desde fuera del país y el no pago de impuestos de las que sirvan al trabajo social”.
De ser aprobado este dictamen en el pleno legislativo, bajo este articulado -dividido en seis capítulos- se resguardaría la creación de un registro de organizaciones o personas cuyas actividades en el país “respondan o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero”, según explica el texto del proyecto de ley.
En el artículo seis se indica que habrá un Registro de Agentes Extranjeros (RAE) y este dependerá del Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial. En este listado deberán inscribirse todos los sujetos obligados conforme a la propuesta de ley.
De acuerdo a lo propuesto en la normativa, los sujetos obligados deberán inscribirse en el RAE en un plazo de 180 días hábiles, una vez que entre en vigencia tras ser publicada en el Diario Oficial.
