El gobierno presentó en la mañana de este jueves evidencias y pruebas documentales sobre las auditorías realizadas a las municipalidades por parte del Ministerio de Hacienda sobre el uso de fondos COVID-19
El titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, dijo que en las auditorías ya finalizados a las 66 alcaldías han participado más de 300 personas. “Se presenta el resultado de 66 municipalidades auditadas, son $64 millones desembolsados por el Ministerio, $24 millones son hallazgos que no coinciden con los destinos del decreto 608”, aseguró.
Estas auditorías comenzaron, por parte del Ministerio de Hacienda, luego de que la Asamblea Legislativa permitiera verificar la utilización de los $191.7 millones a las alcaldías. Dinero que se entregó a los gobiernos municipales para beneficio de la población durante la crisis por COVID-19.
“Además, hay cerca de $3 millones en operaciones que no han sido documentadas por las municipalidades”, destacó Zelaya. “Faltan 196 alcaldías. En una segunda fase serán entre 70 y 80 alcaldías más (de las que se presentarán resultados de las investigaciones)”, detalló.
Entre las municipalidades auditadas que han presentado irregularidades en el manejo de los fondos otorgados están: Ahuachapán, Guayamango, Coatepeque, Chalchuapa, Santa Ana, Santa Rosa Guachipilín, Santiago de la Frontera, Acajutla, Armenia, Juayúa, Nahuizalco, Salcoatitán, San Antonio del Monte, Sonsonate, Chalatenango, Ciudad Arce, Comasagua, La Libertad, Santa Tecla, Quezaltepeque, Opico, San Matías, Zaragoza, Aguilares, Apopa, Ayutuxtepeque, Cuscatancingo, Nejapa, Rosario de Mora, San Martín, San Salvador, Santiago Texacuangos, Tonacatepeque, Ciudad Delgado,El Carmen, San José Guayabal, Perulapán, Suchitoto, Tenancingo, El Rosario, Olocuilta, San Juan Nonualco, Zacatecoluca, San Vicente, Apastepeque, Santo Domingo, San Esteban Catarina, San Sebastián, San Vicente, Verapaz, Usulután, El Triunfo, Jucuapa, Mercedes Umaña, Usulután, Ciudad Barrios, Chinameca, Chirilagua, Moncagua, Quelapa, San Francisco Gotera, Eregüayquín, Lislique.
Dichos fondos, de acuerdo al decreto legislativo 608, correspondían a un 30 % del monto total gestionado, debieron gastarse en atención de la emergencia: desarrollo de proyectos, asistencia a grupos vulnerables, provisión de alimentos, insumos agrícolas, materiales de construcción y otros.
Con estas acciones, el Gobierno del Presidente Bukele asegura el debido cumplimiento de los fondos entregados para atender la emergencia por COVID-19; y las afectaciones a causa de las tormentas Cristóbal y Amanda. Así como, saldar una deuda histórica con la transparencia y contra la corrupción que, por décadas, ha existido en las alcaldías municipales.
Por otro lado, dentro del Plan Antievasión, el Ministerio de Hacienda presentó cuatro casos de supuesta evasión fiscal ante la Fiscalía General de la República. «Son dos personas naturales y dos sociedades. En conjunto son casi $6 millones”, destacó Zelaya.
El primer caso es por supuesta evasión fiscal del IVA y ventas no declaradas por $453,000. La segunda, dedicada a importación y venta de frutas, es por $4.8 millones, siempre por evasión de IVA.
Desde octubre de 2019, el Plan Antievasión ha permitido la identificación y recuperación de cientos de millones de dólares.
