Auditorías señalan que Sigfrido Reyes no justificó $17 millones de dinero público

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Luego de obtener los primeros resultados de tres auditorías financieras, el Presidente de la Asamblea Legislativa, Ernesto Castro, dio a conocer que el expresidente de la institución, Sigfrido Reyes, no justificó $17 millones provenientes de dinero público.

“Son unos sinvergüenzas y corruptos que han abusado del pueblo salvadoreño y de los fondos públicos. Se enriquecieron ellos y sus familias”, reprochó el líder del Primer Órgano de Estado. “El pueblo salvadoreño sabe que en esta Asamblea ha sido ocupada para varios tipos de abusos”, agregó.

De acuerdo a lo expresado por el diputado Castro, hasta la fecha, se han obtenido los primeros datos de cuatro tipos de auditorías: de gestión, de recursos humanos, legal y financiera, que abarcan tres periodos, es decir que es un estudio que comprende de nueve años atrás.

De esta última, los auditores asignados a estas labores desarrollaron tres del área relacionada a las finanzas pública y es en ella en donde obtuvieron estos primeros hallazgos cometidos en el periodo presidencial del exdiputado del FMLN, quien es prófugo de la justicia y se encuentra radicado en México.

“Son los primeros avances recibidos de estos ‘datos curiosos’ y tiene razón de huir (Reyes), porque sabe lo que ha hecho”, dijo el Presidente Castro. “Son $17 millones sin justificación alguna”, añadió.

Además, el legislador informó que en la administración del exdiputado de izquierda se gastaron $2 millones en concepto de “servicios”, pero no se han encontrado actas que respalden en qué se invirtieron los fondos.

“Se contrató como consultoría, como asesoría; se facturaba y pagaba, pero no se recibía nada a cambio, no hay ni un solo papel que lo constate”, explicó el funcionario.

El legislador manifestó que, de manera formal, presentarán la información a las instituciones correspondientes para que inicien las investigaciones.

Hallazgos de la auditoría financiera

Los datos recabados en la auditoría financiera revelan que, durante la presidencia de Sigfrido Reyes, en el Órgano Legislativo se presupuestaban anualmente $15 millones solo para el pago de primas de seguros.

“El juego era presupuestar más, ocupar menos y el sobrante lo utilizaban para contratar activistas. Hacían contrataciones de personas que muchas no trabajaban acá, las llamadas plazas fantasma”, declaró el Presidente Castro.

Él afirmó que el dinero sobrante podría ser destinado para enriquecer los bolsillos de los exdiputados o para promover a sus partidos políticos cuando se acercaban elecciones.

Además, el resultado de las auditorías revela que los exdiputados idearon un mecanismo para aumentar sus ingresos a parte del salario legal pagado por la institución. Este modelo era a través de los viáticos.

“Se ha identificado el desembolso de $3 millones solo en viáticos y muchos de ellos no están justificados, muchos de ellos son auto invitaciones que los exdiputados se hacían. No hay papeles que los sustenten, era solo el hecho de ver cómo sacaban un sueldo extra y eran bastante jugosos los salarios que obtenían a través de esta artimaña”, aseguró el funcionario.

Adicionalmente, se gastaron alrededor de $110 mil en fiestas navideñas y no hay evidencia de si fueron utilizados para los empleados o en las casas de los exdiputados.

Asimismo, la auditoría ha recogido información sobre la erogación de casi un millón de dólares en vales para combustible para uso de los exdiputados. 

Entre los hallazgos, también figura la contratación directa a una empresa relacionada con la exministra de Educación, Darlyn Meza, y vinculada al partido ARENA.

“Son alrededor de $137 mil lo que se le adjudicó de forma directa, sin ningún proceso”, dijo el presidente Castro.

El diputado reveló que los exfuncionarios también planeaban enriquecerse con la demolición del edificio de la Asamblea, por, supuestamente, estar en condiciones inhabitables.

“Comenzaron a poner pretexto de lo que se necesitaba hacer. Querían demoler el edificio, decían que se iba a caer en el próximo temblor. Hemos efectuado tres estudios (en el edificio) y no está para demolerlo, sí se tiene que reforzar y mejorar”, apuntó.

Los anteriores legisladores habían proyectado y aprobado un presupuesto que ronda los $80 millones para los trabajos en el edificio, no obstante, los estudios realizados en esta gestión muestran que se necesitan unos $20 millones para reforzar la estructura.

“Con el tema de los espacios físicos, ellos habían encontrado alquileres fuera, edificios bonitos y cómodos. Esos fondos salían del erario público”, denunció.

Dijo que solo el FMLN gastaba alrededor de $234,000 al año en alquiler, y ARENA un poco más de esa cifra. Además, invertían en la infraestructura y mejoramiento de estos edificios que no eran propiedad del Estado, sino privada.

“Ese es el juego que han tenido en esta Asamblea, es el juego que se les ha acabado a estos sinvergüenzas y corruptos, y por eso reclaman todos los días, por las cosas que están cambiando en el país”, aseveró. 

Se prevé que tanto la auditoría financiera como la de gestión, de recursos humanos y la legal concluyan al finalizar febrero del 2022.

Las 30 propiedades de Reyes y de su socio Byron Larrazábal 

El parlamentario Castro recordó que la Fiscalía General de la República intervino 30 propiedades del exdiputado del FMLN y de su socio Byron Enrique Larrazábal Arévalo, tras ser acusados de los delitos de Lavado de Dinero, Peculado y Asociaciones Ilícitas.

Entre esos inmuebles hay casas, ranchos de playa, oficinas, terrenos ubicados en Chalatenango, San Salvador, La Libertad y en la playa Costa del Sol, en La Paz.

En total, el valor de esos 30 inmuebles, que pasaron a la administración del Consejo Nacional de Administración de Bienes (CONAB), rondarían los $2 millones, según informó el Ministerio Público en marzo de 2021, cuando llevó a cabo el procedimiento.

Actualmente, Reyes debe de enfrenta dos procesos judiciales: uno civil por presunto enriquecimiento ilícito y otro de carácter penal, debido a que la Fiscalía le atribuye cargos de lavado de dinero. A raíz de las investigaciones fiscales, el exlegislador y su colaborador abandonaron el país.