San Salvador, 25 feb (EFE).- Seis organizaciones humanitarias pidieron este viernes al Congreso de El Salvador que acate un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema que ordena permitir el cambio de nombre en razón de la identidad de género.
«Solicitamos a dicha instancia (Congreso) que acate de manera inmediata la sentencia de la Sala de lo Constitucional y emita una ley para el cambio de nombre, adecuación de la imagen y rectificación de la referencia de sexo y género en los documentos», señalaron en un comunicado de prensa.
Añadieron que esta normativa debe basarse en la identidad «autopercibida», no exigir requisitos como certificaciones médicas o psicológicas y que los cambios sean confidenciales.
Las organizaciones, entre ellas Comunicando y Capacitando Trans (Comcavis Trans) y la Fundación de Estudios para la Aplicación del Derecho (Fespad), manifestaron su disposición para dialogar con los diputados para que se apruebe una ley de identidad de género que «responda a las necesidad» de la población LGTBI.
En agosto pasado, un grupo de organizaciones presentó una propuesta de ley de identidad de género actualizad después de que la Comisión de la Mujer del Congreso, de mayoría oficialista, enviara al archivo la primera iniciativa de 2018.
Los magistrados constitucionalistas dieron a los diputados el plazo de un año para emitir esta reforma a la Ley del Nombre de la Persona Natural.
La resolución declaró inconstitucional «de modo general y obligatorio» por omisión parcial el inciso 2 del artículo 23 de la referida legislación.
«La falta de regulación de los supuestos y condiciones para que un ser humano cambie su nombre por razones de identidad de género constituye un trato discriminatorio no justificado», apunta la resolución, cuyo contenido completo aún no se conoce.
En diversas ocasiones, las activistas de derechos humanos de la comunidad LGTBI han denunciado que la violencia y discriminación que sufre la su comunidad obliga a sus miembros a huir del país para no morir a manos de las pandillas o de los cuerpos de seguridad de un Estado «cómplice» de los asesinatos y la impunidad.
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