Defensoría del Consumidor registra estabilidad de precios en el 60 % de los productos de la canasta básica

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El Gobierno continúa verificando que los distintos comercios de productos alimenticios no realicen incrementos injustificados en los precios. Estas acciones forman parte de las 11 medidas ante la inflación, generada por factores externos.

Dentro de las medidas, se encuentra la exoneración de aranceles de importación a 20 productos de la canasta básica, durante un año. Entre estos: granos básicos, aceites, azúcar, harinas, leche fluida, vegetales, trigo en cereal, alimentos para animales y fertilizantes. Todo esto avalado en la Ley Especial Transitoria para el Combate de la Inflación de Precios de Productos Básicos.

La ley tiene por objetivo asegurar a la población el abastecimiento de productos de la canasta básica por medio de medidas urgentes, de carácter temporal y reducir costos en la importación de insumos para la producción agrícola. Además, expresa que: “La Defensoría del Consumidor deberá realizar las medidas de monitoreo y vigilancia en el mercado de los productos incluidos en este decreto, a fin de garantizar que las reducciones arancelarías se vean reflejadas en los precios al consumidor final”.

El presidente de la Defensoría del Consumidor, Ricardo Salazar, coordinó una verificación en un supermercado de Antiguo Cuscatlán, en La Libertad, como lo han venido haciendo semanas atrás en otras cadenas de suministros del país, para que los salvadoreños no adquieran los productos con sobreprecio.

Al respecto, el funcionario detalló: “Tenemos más de 4,000 verificaciones en diferentes puntos, en importadoras, distribuidores, mayoristas, supermercados, puestos de mercados, y en las últimas dos semanas se ha mostrado una tendencia bastante importante de estabilización de precios, cerca de un 60 % de los más de 373 productos a los que les estamos dando seguimiento”.

El titular de la Defensoría recordó que la Ley de Protección al Consumidor establece como práctica abusiva cualquier aumento injustificado. “Se puede proceder a la imposición de multas que pueden llegar hasta los 500 salarios mínimos”, añadió.