El Gobierno mantiene periódicamente la presentación de avisos ante la Fiscalía General de la República (FGR) de motoristas que continúan laborando sin pagar las esquelas.
“Esta es la primera administración que identificó casos con motoristas de esquelas no canceladas y, de oficio, los reportamos a la Fiscalía para que corrijan el comportamiento y reciban el castigo legal”, dijo el viceministro de Transporte, Saúl Castelar.
El funcionario detalló que dichos avisos son presentados de oficio, cada tres meses, ante la FGR y esta institución “ya dio los primeros pasos para procesar a estas personas”.
El Gobierno vela porque los usuarios del transporte público, que son más del 70 % de la población salvadoreña, sean tratados con respeto y se trasladen seguros hacia sus diferentes destinos, pagando siempre la tarifa legal.
En ese sentido, en diciembre de 2021 se aprobó la Ley Transitoria para la Estabilización de Tarifas del Servicio de Transporte Público de Pasajeros tipo colectivo y masivo, que busca proteger la economía familiar de las personas que hacen uso de este servicio y proteger sus derechos como consumidores.
En dicha normativa se establecieron requisitos orientados a la modernización del transporte que los empresarios deben cumplir para acceder a la compensación económica mensual que entrega el Gobierno.
Destacan entre ellos: la instalación de GPS en los vehículos de transporte colectivo, así como transmitir, en tiempo real, la información recolectada por estos aparatos al Viceministerio de Transporte.
Además, la revisión técnica vehicular y emisión de gases cada seis meses, la solvencia en el pago de esquelas, contar con conductores autorizados, cobro legal, frecuencias acordes a la demanda de pasajeros, protección para usuarios vulnerables y prohibición de imágenes y sonidos que promueven la violencia, entre otros.
