Las 11 medidas anticrisis anunciadas por el gobierno ante la inflación mundial, tendrían un costo millonario para El Salvador, sin embargo, las autoridades aseguraron que hay margen de maniobra para lograrlo sin afectar los programas sociales y la obra pública.
El titular del Ministerio de Hacienda (MH), Alejandro Zelaya, dijo que “estaríamos sacrificando fiscalmente $400 millones” por la totalidad de las medidas, con una proyección hasta el 31 de agosto.
En estos cálculos están incluidos el subsidio para las gasolinas, para el diésel, la energía, el agua potable. De igual manera, se ha sumado el costo de facilitar las importaciones de alimentos y de productos esenciales para prepararlos –que implica la reducción de impuestos para el ingreso de dichos bienes–.
Finalmente, la cifra toma en cuenta lo que costará el ajuste que hizo la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) para estabilizar la tarifa de energía junto con los distribuidores.
La recolección de impuestos aumentó 21.2 % en el periodo de enero hasta abril de este año, e incluso aportó más recursos de lo que había programado Hacienda para la elaboración del presupuesto nacional. El ministro Zelaya explicó que esto ha sido de ayuda para mantener las medidas sin afectar la ejecución de los programas sociales o de la inversión pública.
“Vamos a continuar mejorando nuestra recaudación, que creo que es la única forma de resolver no solo la crisis coyuntural por la inflación”, expilcó el ministro.
El problema que enfrentan las naciones alrededor del mundo es el encarecimiento en cadena de los bienes que son importantes para las familias. El petróleo y el trigo son importantes para una larga cadena de industrialización y de comercialización, que debido a la cantidad de intermediarios que hay entre la producción y el consumidor final, eleva progresivamente los costos.
