En plenaria especial, la Asamblea Legislativa le retiró el fuero constitucional al legislador de Nuevas Ideas, Érick García, para que responda ante la justicia por el delito de falsedad ideológica.
Con 79 de 84 votos, los parlamentarios le quitaron la inmunidad a García, tras resolver que hay formación de causa. Él fue suspendido del ejercicio de sus funciones y deberá enfrentar un proceso penal como un ciudadano común.
Las diligencias contra el parlamentario se remitirán a la Cámara Primera de lo Penal, de la Primera Sección del Centro, como lo establece el inciso segundo del artículo 385 del Código Procesal Penal.
Érick García, diputado propietario de La Libertad, es señalado por la Fiscalía General de la República (FGR) de cometer el delito de falsedad ideológica. Según las investigaciones, él brindó información falsa ante un notario, en un documento público conocido como “mutuo”, para hacer un contrato de préstamo entre dos personas.
En la primera cláusula del documento, el diputado García expresaba que le daba $90 mil, en calidad de préstamo, a Luis Alonso Portillo Turcios, quien decía darse por satisfecho al recibir ese monto. Sin embargo, posteriormente, el parlamentario negó haber entregado el dinero y aseguró que jamás sucedió lo plasmado en el mutuo. El delito que se le atribuye es castigado con una pena de entre tres y seis años de prisión.
Luego de que el caso fuera expuesto en redes sociales por el entonces asesor de seguridad de la Presidencia de la República, Alejandro Muyshondt, el parlamentario García solicitó al Órgano Legislativo que se le retirara la inmunidad, aduciendo que así podría demostrar su inocencia ante las autoridades competentes.
Antes de someter a votación el dictamen favorable para la eliminación del fuero, el presidente Castro expresó que la Asamblea Legislativa es una institución clave que puede impulsar o detener las transformaciones de un pueblo.
Además, reprochó que la institución “que tiene funciones muy importantes” siempre estuviera, en las pasadas legislaturas, entre las peores evaluadas. Esto debido a la manera de proceder de los exdiputados, quienes nunca representaron a la población, solo velaban por sus cúpulas, por sus financistas y por sus intereses personales.
Diputado no hizo uso de defensa
Antes de que el pleno aprobara la eliminación del fuero, conforme a lo que establece el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, el presidente Castro les concedió la palabra a los abogados de Érick García y a los diputados Giovanny Saldaña y Marcela Pineda, quienes fungieron como fiscales en el proceso de antejuicio.
Los delegados de García no hicieron uso de la defensa y, como ya había pasado en el proceso de antejuicio, recurrieron a la figura del allanamiento, tipificado en el artículo 131 del Código Procesal Civil y Mercantil.
«Esto significa que nos limitamos a no hacer uso de la defensa, ya que nuestro representado ha decidido someterse a la justicia para que sean las instancias pertinentes quienes determinen si existe delito o no», argumentó el abogado Julio Orellana.
Al respecto, el legislador Saldaña explicó que aceptaron el allanamiento y no retomaron las etapas del proceso, como la presentación de pruebas, porque no había necesidad de ser probados, pues García había aceptado someterse a la justicia.
“Los hechos no necesitaban ser probados para el desafuero, ya que la defensa aceptaba que se diera”, dijo Saldaña y agregó: “Nuestro país está cansado de esta forma de hacer política, el pueblo no merece que se sigan cometiendo actos de corrupción, tal como hacían esos partidos decadentes».
En el mismo sentido intervino Pineda, quien manifestó que un servidor público solo tiene dos caminos: adaptarse al sistema o cambiarlo.
“No toleraremos ningún acto de corrupción y no permitiremos que los delitos queden en la impunidad. No somos iguales a ARENA y FMLN. No encubriremos a ningún corrupto. Desde esta Asamblea, estaremos vigilantes para que los funcionarios respeten al pueblo, porque quien permite la injusticia se vuelve cómplice de ella», apuntó la parlamentaria.
Antecedentes
El 27 de julio pasado, Alejandro Muyshondt, asesor de Seguridad Nacional de la Presidencia de la República, publicó en su cuenta de Twitter unas imágenes de chats que mostraban una conversación que presuntamente tuvo el diputado Érick García con un supuesto narcotraficante. En las imágenes se observaban unos paquetes que parecían droga. Tres días después, el parlamentario publicó un video y comunicado desmintiendo los tuits del funcionario.
El 31 de julio, García acudió a la Fiscalía General para denunciar a Muyshondt, a retó a revelar el nombre del “narcotraficante” y de los interlocutores de la conversación en el chat. El parlamentario también presentó en el Órgano Legislativo una petición para que se le eliminara el fuero, porque eso le permitiría demostrar su inocencia ante las autoridades competentes.
Ese mismo día, el Presidente de la República Nayib Bukele exigió al asesor de seguridad a brindar “los chats sin el nombre borrado” para determinar quién era el aparente narcotraficante.
En respuesta al mandatario, Muyshondt publicó unos audios donde se le escuchaba a él y a García hablando. El primero cuestionaba a al diputado si había firmado “el mutuo” por $90 mil.
El 9 de agosto, el Presidente Bukele aseguró que Muyshondt divulgó los audios tras conocer que había una investigación en su contra e informó que lo había cesado de su cargo y que había sido capturado.
Simultáneamente, el fiscal Rodolfo Delgado presentó al Órgano Legislativo una solicitud de antejuicio contra el legislador y anunció que había ordenado la detención del asesor de seguridad por favorecer al expresidente Mauricio Funes con información privilegiada sobre el Estado.
El Órgano Legislativo conoció la petición del Ministerio Público. Luego creó y juramentó la Comisión de Antejuicio para desaforar a diputado García, por el delito de falsedad ideológica.
Un día después, la comisión sesionó para iniciar el estudio de la petición fiscal. El 11 de agosto, los defensores de García comparecieron ante los diputados e informaron que, por instrucciones del parlamentario, recurrirían a la figura del allanamiento (tipificado en el artículo 131 del Código Procesal Civil y Mercantil). Es decir, que el parlamentario aceptaba que se le quitara el fuero, con el fin de acelerar el proceso y dar por finalizadas todas las etapas del mismo.
La mesa de trabajo emitió un dictamen favorable para que se desaforara al diputado de la bancada cyan. El 15 de agosto, el presidente de la Asamblea Legislativa convocó a los diputados a una sesión plenaria especial |para tratar como único punto el retiro de la inmunidad del parlamentario.
