Una salvadoreña condenada a 30 años de cárcel por la muerte de su bebé recién nacido recobró su libertad tras casi ocho años presa luego de una revisión de pena, anunció este miércoles una organización feminista que denunció el caso como una criminalización del parto.
Lilian, que prefiere identificarse sólo con ese nombre, fue liberada en diciembre pasado y se presentó este miércoles en una conferencia de prensa acompañada de activistas de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto.
«Es muy grande la satisfacción porque a pesar de pasar un proceso muy largo (en la cárcel) se pudo comprobar mi inocencia», declaró a la AFP la mujer, de 28 años.
Según la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto, Lilian era la última mujer que quedaba en prisión de 73 condenadas por abortos o emergencias obstétricas, acusadas bajo el delito de «homicidio agravado».
En 2015, Lilian dio a luz en un hospital público de Santa Ana, oeste de El Salvador, pero su bebé presentó algunas complicaciones y fue llevado a una incubadora, tras lo que murió a las 72, relató a la AFP la abogada defensora, Abigaíl Cortés.
Según la defensa, el hospital cometió «negligencia» en el cuidado del bebé, pero para evadir su responsabilidad acusó a Lilian de «abandono y desamparo».
La fiscalía presentó cargo por «homicidio agravado», por el que fue condenada a 30 años de cárcel. En 2023, un tribunal hizo una revisión de la pena y se ordenó la libertad.
«Estamos muy felices por cerrar un ciclo», declaró Mariana Moisa, coordinadora de la Agrupación Ciudadana, al dar por finalizada la llamada campaña «Las 17 y más» que se inició en 2014 con el apoyo de «la solidaridad» internacional.
No obstante, aclaró que aún queda una veintena de casos en proceso que deberán ser desestimados o llevados a juicio.
El Código Penal salvadoreño establece una pena de dos a ocho años por aborto en cualquier circunstancia.
Sin embargo, fiscales y jueces tipifican a menudo los casos de aborto o incluso pérdida voluntaria del bebé como «homicidio agravado», un delito penado con 30 a 50 años de prisión.
La dureza de la ley salvadoreña en torno al aborto trascendió en 2013 con el caso de Beatriz, una joven de 22 años que padecía lupus ya quien se le impidió abortar pese a que el feto no había desarrollado el cerebro y estaba condenado a morir.
El 3 de junio de 2013, tras la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el Estado autorizó una cesárea a Beatriz y el recién nacido murió horas después.
Beatriz falleció en un accidente de tráfico en 2017, pero la Corte Interamericana emitirá en los próximos meses una sentencia sobre el caso.
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