Adquirir una vivienda es una de las decisiones financieras más importantes en la vida de una familia salvadoreña. Sin embargo, hacerlo sin asesoría legal adecuada puede colocar al comprador en una posición de desventaja frente a contratos complejos, cláusulas abusivas y condiciones que afectan gravemente su patrimonio.
El Metropolitano Digital consultó al abogado Jaime Ramírez Ortega, quien explicó que muchos problemas surgen desde la etapa inicial de negociación, cuando a las personas se les ofrece un proyecto habitacional bajo plazos y condiciones que luego cambian o se interpretan de manera desfavorable para el comprador.
De acuerdo con el abogado, en muchos casos a los compradores se les informa que la vivienda será entregada en una fecha futura y se les concede un plazo aproximado de 60 días para gestionar un crédito hipotecario con instituciones formales como el Fondo Social para la Vivienda (FSV).
El problema surge cuando se le dice al comprador que, si no logra gestionar el crédito en ese plazo, deberá pagar una cuota mensual elevada que no se considera abono a la deuda, sino alquiler, «ahí comienzan las trampas», apuntó Ramírez. Esta práctica, señala, coloca al consumidor bajo presión económica y lo empuja a aceptar condiciones que no necesariamente le favorecen.
Créditos directos con altas tasas de interés
Otra situación frecuente es la oferta de créditos hipotecarios directos con tasas de interés considerablemente más altas que las del sistema financiero formal, en los que se ofrecen créditos con intereses de hasta el 16 % anual.
«(…) ningún banco, por indecente que sea en este país, esta prestando el crédito hipotecario a un 16%, a lo mucho un 9%, o 10%, entonces, todas estas acciones abusan del consumidor, abusan del sudor de la fuerza de la gente y eso no esta bien, por lo tanto deben investigarse todo este tipo de acciones. Ahora, el cobrar este interes no es ilegal pero sí un abuso en contra al consumidor», sentenció.
Uno de los aspectos más preocupantes, según el abogado, es la falta de transparencia al momento de firmar los contratos de promesa de venta. En algunos casos, a los compradores se les prohíbe tomar fotografías del documento, sacar copias o revisarlo con un abogado de su confianza.
Estas prácticas, advierte Ramírez, contravienen los artículos 17 y 18 de la Ley de Protección al Consumidor, que establecen el derecho del comprador a recibir información clara, veraz y suficiente, así como a contar con un contrato debidamente autorizado por un notario de su elección.
Cláusulas abusivas y riesgos patrimoniales
La falta de asesoría legal puede llevar a que los compradores firmen contratos con cláusulas abusivas, es decir, disposiciones que favorecen de manera desproporcionada al vendedor y colocan al consumidor en una situación de extrema vulnerabilidad.
El problema es que muchas personas no entienden los términos jurídicos que están firmando, explicó el abogado. Esto puede derivar en contratos donde, ante un solo atraso en el pago, se faculta a la otra parte a desalojar a la familia, cambiar cerraduras e incluso retener los bienes dentro del inmueble, dijo.
Este tipo de disposiciones, advierte, pueden configurar una acumulación de irregularidades que deben ser analizadas jurídicamente para determinar si existe engaño o incluso otro delito.
Viviendas entregadas sin condiciones básicas
Otro punto crítico señalado por Ramírez Ortega es la entrega anticipada de viviendas en proyectos que aún no están concluidos. En algunos casos, las casas se entregan sin acceso a agua potable, calles terminadas u otros servicios básicos.
“Esto obliga a las familias a comprometerse a pagar directamente, porque ninguna institución financiera formal otorgará un crédito para un proyecto que no está terminado”, explicó. Esta situación, añadió, afecta directamente el derecho del consumidor a recibir un bien en condiciones adecuadas para su uso habitacional.
Ante este panorama, el abogado hizo un llamado claro a la población: no firmar contratos sin asesoría legal, exigir copias de todos los documentos, leer detenidamente cada cláusula y ejercer el derecho a elegir un abogado y notario de confianza.
