Conductor de Corvette seguirá detenido tras accidente que cobró la vida de un motociclista repartidor

Centros Judiciales de El Salvador, reporto que el conductor del Corvette seguirá en detención provisional tras accidente que cobró la vida de un motociclista repartidor en San Salvador.

El Juzgado Tercero de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra Francisco Javier García Hernández, acusado de homicidio culposo, en perjuicio de Manuel de Jesús Murcia Arístides, y de conducción peligrosa de vehículo automotor, en perjuicio de la vida e integridad física de las personas.

Según el requerimiento fiscal, los hechos ocurrieron el pasado 6 de agosto de 2026, luego de que el imputado departiera y consumiera bebidas alcohólicas en un restaurante ubicado en el bulevar El Hipódromo, en San Salvador.

Posteriormente, abordó su vehículo deportivo, un Chevrolet Corvette. Bajo los efectos del alcohol, circuló en sentido contrario a excesiva velocidad hasta impactar a la víctima, un motociclista que trabajaba como repartidor de una aplicación de comida.

De acuerdo con la investigación, tras el impacto, la víctima fue arrastrada aproximadamente 16 metros. El imputado huyó del lugar y abandonó el vehículo a unos 800 metros de la escena, sin prestar auxilio a la víctima.

Durante la audiencia inicial, el juzgador determinó que los indicios presentados eran suficientes para establecer la existencia de los delitos y la probable participación del imputado.

Entre los elementos valorados se encuentra el peritaje que establece que el vehículo circulaba a excesiva velocidad, así como diversos videos que muestran al imputado consumiendo bebidas alcohólicas antes del accidente y registran el momento del impacto contra el motociclista.

Asimismo, el juzgador consideró que persiste el riesgo de fuga o de obstaculización de la investigación, por lo que decretó la detención provisional mientras continúa el proceso penal.

Además, el juzgado autorizó la inmovilización de dos cuentas bancarias a nombre del imputado, por un monto superior a $80,000, así como la aplicación de medidas de carácter patrimonial sobre otros bienes.