Liset Orellana, Corresponsal de Prensa en EE.UU
Washington, D.C. — La Organización de los Estados Americanos (OEA) aprobó este viernes una resolución que exige a las autoridades de Nicaragua adoptar medidas para restablecer las libertades civiles, liberar a los presos políticos, esclarecer el paradero de personas desaparecidas y crear las condiciones para celebrar elecciones libres, justas e inclusivas.
El documento, denominado “La situación en Nicaragua y su consideración colectiva continua”, fue aprobado durante la Trigésima Primera Reunión de Consulta de Ministros de Relaciones Exteriores, celebrada el 2 de octubre en Washington. La resolución plantea además una ruta diplomática con plazos definidos para evaluar la respuesta de Managua.
Entre sus principales disposiciones, la OEA urge a las autoridades nicaragüenses a restablecer el espacio cívico y las libertades de expresión, asociación, religión y reunión pacífica, así como permitir que medios de comunicación independientes, organizaciones civiles, universidades y entidades privadas que fueron disueltas puedan retomar sus actividades y recuperar su estatus jurídico y bienes.
La resolución también reclama la liberación incondicional de todos los presos políticos y que se informe sobre el paradero y estado de las personas desaparecidas de manera forzada. Asimismo, pide restaurar la nacionalidad y los derechos civiles de quienes fueron despojados de ella y permitir su retorno seguro y voluntario.
Elecciones libres y separación de poderes
Uno de los puntos centrales del documento es el llamado a restablecer la independencia de las instituciones estatales, la separación de poderes y el pluralismo político.
La OEA pide específicamente revisar disposiciones constitucionales y legales aprobadas en 2025 y 2026 que, según la resolución, afectan esas garantías, además de establecer las condiciones necesarias para unas elecciones libres, justas e inclusivas, con derechos políticos restablecidos, una administración electoral independiente y observación internacional creíble.
La exigencia electoral adquiere especial relevancia después de que el presidente nicaragüense, Daniel Ortega, afirmara en julio que “no volverá a haber elecciones” para permitir que la oposición acceda al poder. Reuters informó entonces que la declaración eliminaba, en la práctica, la posibilidad de una competencia electoral al finalizar el actual mandato.
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Un grupo ministerial tendrá 30 días para comenzar
Más allá de las exigencias, la resolución establece un mecanismo específico para dar seguimiento a la situación.
La OEA acordó crear un Grupo Ministerial de Seguimiento sobre Nicaragua, de participación voluntaria y abierto a los Estados miembros. El grupo deberá comenzar sus labores dentro de los 30 días siguientes a la aprobación de la resolución y contará con apoyo técnico de la Secretaría General de la organización.
Entre sus funciones estará buscar un diálogo rápido y directo con las autoridades nicaragüenses, incluyendo la posibilidad de realizar una visita a Nicaragua encabezada, de ser posible, por ministros de Relaciones Exteriores.
También deberá dialogar con representantes de los sectores políticos, sociales, religiosos y empresariales del país, incluyendo a la oposición, organizaciones de la sociedad civil y comunidades nicaragüenses en el exilio.
El grupo tendrá además que evaluar el cumplimiento de las demandas planteadas por la OEA y presentar, en un plazo de hasta 60 días, recomendaciones con posibles acciones diplomáticas y jurídicas.
La resolución especifica que esas acciones deberán ajustarse a la Carta de la OEA, la Carta Democrática Interamericana, los instrumentos interamericanos de derechos humanos y el derecho internacional, y que no deberán implicar el uso de la fuerza.
La reunión permanecerá abierta
La OEA decidió mantener abierta la Trigésima Primera Reunión de Consulta y autorizó a su presidente a convocarla nuevamente dentro de un plazo de 90 días desde la convocatoria de la primera reunión del Grupo Ministerial, o antes si las circunstancias lo requieren.
La resolución también pide a los Estados miembros y a los mecanismos interamericanos y de Naciones Unidas apoyar la investigación, documentación, preservación y análisis de pruebas relacionadas con las violaciones y abusos de derechos humanos cometidos en Nicaragua.
México marca distancia sobre el enfoque de seguridad
Aunque la resolución fue adoptada por la reunión, México dejó constancia de que no acompañaba las referencias que vinculan la situación nicaragüense con riesgos o amenazas para la paz y la seguridad hemisférica.
La Misión Permanente de México ante la OEA explicó que su posición se fundamenta en los principios de autodeterminación, no intervención, solución pacífica de controversias y proscripción de la amenaza o uso de la fuerza. Al mismo tiempo, señaló que la promoción de los derechos humanos y los principios democráticos debe desarrollarse dentro del marco del derecho internacional.
La propia resolución recoge diferencias entre delegaciones. Brasil se desvinculó de cualquier intento de calificar la situación de Nicaragua como una posible amenaza para la paz y seguridad regionales, mientras Uruguay señaló que, aunque reconoce el deterioro institucional y las violaciones de derechos humanos, no comparte esa caracterización hemisférica.
Chile, por su parte, respaldó la resolución y llamó a las autoridades nicaragüenses a aprovechar la oportunidad de diálogo planteada por la OEA para avanzar hacia el restablecimiento de la institucionalidad democrática.
Nicaragua se encuentra fuera de la OEA
La resolución se produce pese a que Nicaragua dejó formalmente la OEA en 2023. Reuters señaló que el organismo continúa funcionando como espacio para coordinar respuestas colectivas entre sus Estados miembros frente a la situación nicaragüense.
El nuevo mecanismo aprobado por los cancilleres coloca ahora el foco en la respuesta del Gobierno de Ortega y Murillo: primero mediante el diálogo y la evaluación del cumplimiento de las exigencias, y posteriormente mediante recomendaciones de carácter diplomático y jurídico.
Por ahora, la resolución no establece sanciones específicas ni una intervención militar. Su siguiente etapa será la conformación del Grupo Ministerial y el intento de establecer contacto directo con las autoridades nicaragüenses y distintos sectores de la sociedad.
