Liset Orellana | Corresponsal de Prensa, Washington, DC. – La administración del expresidente Donald Trump anunció la reactivación de una propuesta normativa que busca restringir el tiempo de permanencia de estudiantes extranjeros, profesores, médicos y representantes de medios internacionales en Estados Unidos. El objetivo, según la Casa Blanca, es “frenar el abuso de visas” y reforzar la capacidad de supervisión del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
La medida plantea poner fin al concepto de “duración del estatus”, vigente desde 1978, que permite a los titulares de visa F (estudiantes extranjeros) residir en EE. UU. de manera indefinida mientras permanezcan inscritos en instituciones educativas acreditadas. Según el DHS, este mecanismo ha generado que algunos estudiantes se conviertan en “eternos”, prolongando su estadía en el país a través de cursos académicos sin mayores controles.
“Durante demasiado tiempo, las administraciones anteriores han permitido que estudiantes extranjeros permanezcan prácticamente indefinidamente, lo que representa riesgos para la seguridad, un gasto incalculable de dinero para los contribuyentes y una desventaja para los ciudadanos estadounidenses”, señaló un portavoz del DHS al presentar la propuesta.
Los cambios propuestos
De acuerdo con el borrador normativo, la administración Trump proponía establecer un límite máximo de cuatro años de permanencia para estudiantes extranjeros y visitantes de intercambio, con posibilidad de prórrogas en casos justificados.
Bajo este esquema, quienes deseen prolongar su estadía deberán solicitar autorización directamente al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), lo que implicaría evaluaciones periódicas y mayor supervisión a través del Programa de Estudiantes y Visitantes de Intercambio (SEVP) y el sistema SEVIS.
La iniciativa fue originalmente impulsada en 2020 durante la presidencia de Trump, pero retirada por la administración de Joe Biden, que consideró que imponía trabas innecesarias para la atracción de talento internacional y afectaba la competitividad de las universidades estadounidenses.
En términos legales, esta norma no requiere aprobación del Congreso, ya que se implementaría mediante un proceso administrativo a cargo del DHS y publicado en el Registro Federal. Sin embargo, como cualquier regulación, está sujeta a un período de comentarios públicos y puede enfrentar impugnaciones en tribunales antes de entrar en vigor.
Aunque el comunicado oficial destaca que la propuesta busca proteger los intereses de los contribuyentes estadounidenses, críticos advierten que podría desalentar la llegada de estudiantes internacionales, quienes representan una importante fuente de ingresos para universidades y comunidades locales. Según el Institute of International Education (IIE), en 2019 los estudiantes extranjeros contribuyeron con más de $40 mil millones a la economía de EE. UU.
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