Ciudad de México, 27 mar (EFE).- Organizaciones que acompañan a familias buscadoras señalaron que el Gobierno minimiza la crisis de desaparecidos al reducirla a carpetas ministeriales e invisibiliza a víctimas, además omite metodología, niega desapariciones forzadas, arriesga subregistro y excluye a colectivos del diálogo técnico.
En un comunicado, las organizaciones, encabezadas por Fundar, recordaron que desde el inicio de la crisis de violencia en México en 2007, «diversos esfuerzos institucionales han intentado minimizar la magnitud de la desaparición en México».
Y cuestionaron los avances del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) presentados en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum este viernes, al señalar que «reducir la crisis a una gestión de archivos ministeriales no es solo un error metodológico, es una decisión política que invisibiliza a las víctimas».
El Gobierno de México confirmó este viernes que existen más de 130.000 personas desaparecidas en el país, al presentar un informe actualizado del RNPDNO, además de los avances derivados de la revisión y depuración del sistema.
“De 2006 a la fecha hay 130.178 registros de personas que continúan con estatus de desaparecidas”, precisó durante la conferencia de prensa presidencial Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
En su turno, la titular de la Secretaría de Gobernación (Interior), Rosa Icela Rodríguez, explicó que es obligatorio que los reportes de desaparición incluyan la apertura de una carpeta de investigación y detalló la creación de unidades especializadas, la base nacional de carpetas y la plataforma única de identidad.
Tras ello, las organizaciones manifestaron su preocupación al señalar que la narrativa oficial sostiene que, a partir de ahora, las Fiscalías estarán «obligadas» a abrir carpetas de investigación por desaparición, algo que existe desde la entrada en vigor de la Ley General en 2017.
«Condicionar el registro de una persona desaparecida a la existencia de una carpeta es premiar la ineficiencia institucional», señalaron y recordaron que lo que existe son malas prácticas, corrupción y omisión sistemática de las fiscalías «que, activamente, evitan recibir denuncias o clasifican las desapariciones como otros delitos para no investigar».
También se dijeron preocupados que el discurso oficial sostenga que «en México ya no existen desapariciones forzadas, reduciendo el fenómeno a la actuación exclusiva del crimen organizado y borrando con ello la posible participación de agentes estatales».
Explicaron que, en un país donde la cifra negra (delitos no denunciados) alcanza el 93 %, «utilizar exclusivamente las carpetas de investigación para medir la magnitud de la tragedia es una distorsión de la realidad», pues estas no equivalen al número de personas desaparecidas.
Además, lamentaron que la presentación de estos instrumentos se realice «sin una convocatoria amplia, transparente y abierta», ya que consideraron que procesos de esta relevancia requieren una participación sustantiva de familias, colectivos, expertas y organizaciones acompañantes.
En tanto, la organización Amnistía Internacional (AI), en un posicionamiento en redes sociales, urgió al Estado mexicano a continuar haciendo esfuerzos por erradicar la crisis de desapariciones que vive el país, «particularmente llama la atención la revisión integral que se hará al RNPDNO con metodologías científicas y análisis de datos».
En julio de 2025 el Gobierno mexicano ordenó fortalecer las capacidades de búsqueda y reformar las leyes en coordinación con colectivos y para ello se publicaron reformas que establecen la alerta nacional de búsqueda, la apertura obligatoria de carpetas de investigación desde el primer reporte y la creación de herramientas, como la plataforma única de identidad, y el fortalecimiento del Banco Nacional de Datos Forenses.
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