Por Ivan Marques, Secretario de Seguridad Multidimensional de la OEA
El crimen organizado transnacional es hoy la amenaza de seguridad más compleja que enfrenta la región. Sin embargo, los criminales cambiaron la cerradura y los Estados seguimos probando la misma llave.
La respuesta de los Estados suele ser fragmentada, organizada por tipo de delito: una agencia para drogas, otra para trata, otra para armas. Las redes criminales, en cambio, operan como un ecosistema convergente que conecta narcotráfico, tráfico de armas, trata de personas, minería ilegal, lavado de activos, entre otros ilícitos, aliando oportunidad y, claro, corrupción, dentro de una misma lógica operativa. Comparten rutas, estructuras financieras, plataformas tecnológicas y mecanismos de protección.
El crimen se integró. La respuesta sigue llegando en silos. Esa asimetría es hoy una ventaja concreta para las organizaciones criminales.
Saben que fiscalías, policías, aduanas, unidades de inteligencia financiera y organismos regulatorios suelen actuar bajo lógicas sectoriales, con escasa interoperabilidad y limitada articulación estratégica. Y aprovechan cada vacío institucional, normativo o de coordinación. La buena noticia es que no nos faltan herramientas. Las que necesitamos ya existen, están probadas y han dado resultados.
El problema es otro: las usamos a medias. En el plano operativo, los Equipos Conjuntos de Investigación (ECI) son una de las herramientas más prometedoras. Permiten compartir información y coordinar acciones entre países, y ayudan a reconstruir la unidad del fenómeno criminal: siguen al mismo tiempo las rutas del delito, del dinero y de las estructuras de encubrimiento patrimonial. La coordinación operativa ya mostró su alcance. La Operación Mafiusi, entre Brasil e Italia, articuló autoridades judiciales, policiales y fiscales para desmantelar una red de tráfico de drogas y lavado de dinero.
Más aún, hace pocas semanas vimos esa coordinación a escala hemisférica. En la Operación Orca XI, 20 países de Centroamérica, Sudamérica y el Caribe incautaron 3.308 armas de fuego ilegales y 56 toneladas de drogas ilícitas. INTERPOL coordinó la acción operativa entre las policías de la región, la OEA facilitó la articulación regional y la Unión Europea aportó el financiamiento.
Esa es la diferencia entre cooperar y coordinar para lograr resultados de impacto. Pero la coordinación operativa necesita una arquitectura que la sostenga en el tiempo. Los acuerdos subregionales ofrecen ese camino comprobado para cerrar las brechas en la respuesta de los Estados, sacando provecho de los marcos legalmente vinculantes de cooperación, como CIFTA y el Protocolo de Armas de Fuego.
Las hojas de ruta contra el tráfico ilícito de armas son una alternativa de impacto para organizar la estrategia de una subregión a partir de objetivos compartidos, metas comunes, acuerdos para intercambiar información e indicadores claros de seguimiento. Ya están en marcha en Centroamérica (la OEA custodia ese proceso junto con UNLIREC) y el Caribe (donde la OEA apoya en la implementación), y se prepara una para los países andinos, luego de la aprobación por parte del Consejo Permanente. Empujan a los Estados a reorganizarse internamente y a coordinarse regionalmente frente a amenazas que ninguno puede enfrentar solo.
En Centroamérica la implementación ya deja resultados verificables. Guatemala aprobó su plan de acción nacional y tres países pusieron en marcha grupos técnicos interinstitucionales de coordinación. En paralelo, una Guía de Rastreo regional y sus capacitaciones están consolidando una capacidad crítica: rastrear un arma permite reconstruir redes criminales, mapear rutas ilícitas y vincular casos entre países.
Las hojas de ruta ordenan la respuesta y, a la vez, construyen capacidades medibles. Es un mecanismo de gobernanza que puede replicarse para responder al crimen organizado transnacional en su conjunto.
Pero ninguna de estas herramientas alcanza si se aplica a medias. Vale una comparación con la salud pública. Frente a una infección como la tuberculosis, el tratamiento existe y funciona, pero exige sostenerlo durante meses. Tomarlo unas pocas semanas y abandonarlo apenas llegan los primeros resultados no cura: deja en pie a las bacterias más resistentes y devuelve una enfermedad más difícil de tratar. Con el crimen organizado pasa algo parecido. Hojas de ruta que se firman y no se financian, equipos de investigación que se arman para una operación y se desactivan, coordinación que dura lo que dura un titular. Aplicada a medias, la respuesta falla y, peor, les enseña a las redes a sortearla.
Por eso el desafío de fondo es político, y se sostiene en tres condiciones. Primero, tratar al crimen organizado transnacional como prioridad de Estado, con la más alta autoridad de gobierno al frente. Segundo, capacidad inter–agencial real, con agencias de seguridad, justicia y autoridades fiscales incentivadas a trabajar juntas. Tercero, coordinación internacional permanente, no activada por la emergencia del momento. Las tres dependen de lo mismo: intensidad, inversión sostenida y liderazgo político al más alto nivel, mantenidos en el tiempo.
Ahí la OEA tiene un papel que ningún otro actor puede cumplir porque es el único foro de la región donde 34 Estados Miembros toman decisiones en materia de seguridad. Eso le permite convertir la voluntad política en compromiso: acompañar la negociación de acuerdos, apoyar técnicamente, reducir las resistencias burocráticas y sostener una agenda de cooperación que trascienda los ciclos de gobierno. Es indudable que el tema del crimen organizado transnacional surgirá en las conversaciones que los cancilleres mantendrán en la inminente Asamblea General de la OEA, que se celebra del 22 al 24 de junio en Panamá.
A través de su estructura especializada de seguridad, y junto a otros organismos regionales e internacionales, la OEA acompaña a los Estados para transformar esfuerzos dispersos en una arquitectura de coordinación estable. Fortalecer esta estructura es fundamental para que la región tenga la posibilidad de un futuro menos violento y con más prosperidad.
