Redacción
El Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla instaló este martes la audiencia inicial contra los imputados, Mario Hernández y Cristina Elizabeth Guardado de Joya, quienes son dos tesoreros de la alcaldía de Santa Tecla a quienes la Fiscalía acusa de retener ilegalmente un aproximado de $24,000 de cuotas sindicales desde el periodo de octubre de 2017 hasta la fecha.
A la audiencia inicial fueron convocados las partes procesales y los imputados con sus bogados defensores. En sus argumentos la Fiscalía sostuvo ante la Jueza 3ro de Paz que los acusados Mario Hernández, retuvo las cuotas sindicales entre octubre y diciembre de 2017, y Cristina Elizabeth Guardado de Joya, es acusada de retener el dinero desde 2018 hasta la fecha. La FGR solicita en el requerimiento presentado al Juzgado 3ro de Paz, que el proceso pase a la etapa de instrucción y que los imputados permanezcan bajo la medida de la detención, mientras en un plazo de seis meses se amplía la investigación en su contra.
En la audiencia, la Fiscalía aseguró que no existió ningún acuerdo del concejo municipal, del alcalde Roberto d’Aubuisson Munguía u otra autoridad judicial competente que autorizara a los imputados iniciar con la retención de cuotas sindicales. El Manual de Puestos y Funciones determina que los tesoreros son los encargados solamente de administrar las cuotas. Para la FGR las cuotas sindicales debían entregarse a los miembros de la junta directiva que integraban el Sindicato de Trabajadores de la Alcaldía Municipal de Santa Tecla (SITRAMSAT), lo cual no se realizó.
Así también el Ministerio público solicitó al Juzgado el sobreseimiento definitivo para el alcalde de Santa Tecla, Roberto d’Aubuisson por el delito de actos arbitrarios ya que los hechos por los cuales era investigado el funcionario no pudieron establecerse.
Al final de la audiencia, la Jueza 3ro de Paz determinó no ha lugar al sobreseimiento definitivo solicitado a favor del alcalde de Santa Tecla Roberto d’Aubuisson Munguía por el delito de actos arbitrarios y ordeno que el proceso en su contra continúe sin ninguna medida cautelar.
Mientras que para los imputados Mario Hernández y Cristina Elizabeth Guardado de Joya ordenó la instrucción formal del proceso sin la aplicación de ninguna medad cautelar, es decir el caso pasara a conocimiento de una Juzgado de Instrucción de este mismo municipio.
