Esa fue la iniciativa que sugirió el diputado de GANA, Guillermo Gallegos, quien sostuvo que la mayoría de extorsiones en el país vía teléfono tienen origen desde las cárceles del país.
GANA solicitó reformas al Código Penal para incorporar el delito de “Violación a la restricción de señales de telecomunicaciones en centros penales” en el artículo 228 con penas que rondarían entre los 4 y 6 años de cárcel.
El diputado advirtió que esta moción podría cobrar más fuerza si las telefonías no bajan la intensidad de la señal a un nivel inferior o igual a 80 decibeles.
“Es injusto que por intereses propios, las empresas telefónicas no bajen la señal de teléfonos celulares en los penales. Las compañías poco o nada están colaborando para restringir las señales en los centros penales”, precisó.
Además, solicitó otras reformas a la Ley de Telecomunicaciones para prohibir que el servicio conocido como “Tigo Money” funcione en el país, por considerar que “ilegalmente está brindando servicios de transferencias económicas, siendo el principal mecanismo utilizado para extorsionar a las familias salvadoreñas”.
