El Metropolitano Digital
La Corte Suprema de Justicia (CSJ) ordenó este 6 de octubre a la Cámara Segundo de lo Civil iniciar un juicio contra el diputado, Reynaldo Cardoza, por supuesto enriquecimiento ilícito.
Cardoza es diputado de la Asamblea Legislativa por el partido PCN. Además forma parte de la Junta Directiva del Órgano Legislativo.
Con anterioridad el diputado suplente de Cardoza, Wilmer Rivara, fue acusado por la Fiscalía General de la República por el delito de lavado de dinero.
Según la CSJ los gastos declarados por el diputado no coinciden con su estilo de vida, entre 2009 y 2014 ha realizado 50 viajes personales de turismo; él y su esposa.
La sección de Probidad de la CSJ encontró irregularidades e indicios que presumen un enriquecimiento ilícito por parte del parlamentario.
Entre las irregularidades encontradas por Probidad se encuentra que, a pesar que el diputado declaró que su esposa no genera gastos ni ingresos, se han realizado varios depósitos a plazo fijo por $220 mil cancelados y $85 mil vigentes en cuentas que no han sido declaradas. Dichos fondos depositados no son justificados de donde provienen.
Probidad también estableció que Cardoza adquirió inmuebles sin retirar fondos de sus cuentas y sin hacer préstamos, además de comprarlos por debajo del costo considerando la ubicación y la extensión de estos.
El precio de estos inmuebles adquiridos aumentó tiempo después sin ninguna justificación.
A partir de ello la CSJ concluyó que las condiciones personales del diputado no son coherentes con sus ingresos declarados.
Como medida cautelar el pleno de la Corte Suprema de Justicia decretó anotación preventiva de los cinco bienes inmuebles y la inmovilización de las cuentas bancarias de él y de su esposa.
El jefe de fracción del partido PCN, al cual pertenece Cardoza, dijo que respaldarán las acciones que el Estado tenga a bien decidir sobre el juicio en contra del señalado sin embargo señaló que “esta es la oportunidad de Cardoza para que aclare su situación”.
Ernesto Muyshondt, diputado de ARENA, expresó que la orden de la CSJ es un «buen precedente» para que se investiguen otros casos irregulares.
