El Metropolitano Digital
CASATEL, integrada por las cuatro principales empresas de telefonía móvil y fija en El Salvador: Claro, Digicel, Telefónica y Tigo, enviaron una carta al presidente de la República, Salvador Sánchez Cerén, con el objeto de expresar los inconvenientes que la gremial ha identificado a partir de la sanción del Decreto Legislativo número 162 que contiene la “Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia”, por medio del cual se crea una contribución especial, que gravará con un 5%, tanto la adquisición y el uso de servicios de telecomunicaciones y la adquisición de productos relacionados.
La Cámara expresó su descontento por no haber sido consultada respecto del contenido de la propuesta presentada por el Ministerio de Hacienda, ni la viabilidad de ejecutar la misma en la forma en que fue planteada y posteriormente aprobada en el seno de la Asamblea Legislativa.
Como resultado de la falta de consulta, actualmente CASATEL manifiesta estar preocupada pues, no tiene certeza cuándo entrarán en vigencia las disposiciones contenidas en esta Ley, y de qué manera estas se van a aplicar.
CASATEL no tiene certeza del contenido de la versión final del decreto a aplicar. De cara a los consumidores, las empresas que integran CASATEL expresaron que es necesario comunicar los cambios a todos sus clientes, a fin de que estos puedan anticipar los impactos que se verán reflejados en su factura y tomen las medidas que consideren oportunas. Principalmente, les preocupan las instituciones de gobierno, las municipalidades, Pymes y demás entidades que operan bajo la base de presupuestos anuales y que no cuentan con partidas de gastos imprevistos para hacer frente al pago de este nuevo tributo.
Un dato relevante es que en la cadena de suministro de dispositivos electrónicos, tales como pero no limitadas a: tabletas electrónicas, teléfonos móviles inteligentes, entre otros, intervienen al menos cuatro intermediarios, desde el productor hasta el consumidor final.
La ley obliga a cada uno de los intermediarios a cobrar la contribución especial; esto es, que la afectación para el consumidor podría tener impactos fiscales de hasta el 20% adicional al Impuesto sobre Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA), que actualmente es del 13%.
CASATEL expresó al Presidente de la República que desconoce cuáles son los planes del Órgano Ejecutivo y/o del Ministerio de Hacienda respecto a la emisión de instructivos o normativas de aplicación dela Ley, que aclaren ciertos conceptos que han quedado ambiguos en la norma principal.
Ha estimado que sería necesario un plazo no menor a cuatro meses para asegurar la correcta aplicación de las disposiciones legales aprobadas y para adecuar previamente los sistemas de facturación y tarificación, a la nueva realidad creada por la ley.
La Cámara considera que dado que la carga tributaria repercute y considera como hecho generador al pago realizado por los clientes de los servicios de telefonía e Internet, y no al servicio en sí mismo, se deben hacer los ajustes necesarios para que la contribución especial sea enterada al Fisco hasta el momento en que los clientes efectivamente paguen a las operadoras.
