Agencias
La Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) de Bolivia ha anunciado la suspensión de los permisos de vuelo a la aerolínea Lamia, responsable del avión que se estrelló el pasado lunes por la noche con 77 personas a bordo, de las cuales 71 perdieron la vida. Una medida que entrará en vigor «de manera inmediata», según el comunicado difundido por el organismo, después de que las autoridades colombianas hayan confirmado que la nave accidentada no llevaba suficiente combustible.
A la espera del análisis de las cajas negras, un portavoz de la aerolínea, Gustavo Vargas, ha explicado en el diario boliviano Página Siete que el piloto debía haber aterrizado en Bogotá para reabastecerse de combustible antes de seguir hacia Medellín, destino final del vuelo. Sin embargo, «toma la decisión de no entrar porque pensó que le alcanzaba el combustible». «Se trata de un piloto de mucha experiencia que hizo su entrenamiento en Suiza», ha precisado, antes de añadir: «Tenemos que investigar el por qué tomó la determinación de irse en forma directa a Medellín».
La decisión de la DGAC llega después de que, además, el diario boliviano El Deber haya publicado un informe oficial que revela cómo el plan de vuelo del avión sumaba al menos cinco advertencias por las cuales la nave no debía despegar. Este documento lo entregó el despachador de Lamia, Álex Quispe, fallecido en el accidente, a una funcionaria de la Administración de Aeropuertos y Servicios Auxiliares a la Navegación Aérea en el aeropuerto de Santa Cruz, desde donde despegó.
El plan de vuelo del avión de Lamia que terminó estrellándose en Medellín fue observado por Celia Castedo, la controladora del aeropuerto de Viru Viru, en Santa Cruz (Bolivia), porque la aeronave no poseía suficiente capacidad como para hacer un viaje directo entre ambos puntos. Castedo también reclamó la falta de un segundo plan de vuelo alternativo.
El documento de observaciones de Castedo señala que el tiempo de vuelo previsto para recorrer la distancia que media entre Santa Cruz y Medellín era de 4 horas y 22 minutos, que era el tiempo máximo de autonomía de vuelo del avión. Esto se halla expresamente prohibido por las reglas de aeronáuticas. Sin embargo, por alguna razón todavía no establecida la observación de la controladora no impidió el despegue del avión.
El documento incluye la respuesta que le dio a Castedo el encargado de Lamia de tramitar la aprobación del plan de vuelo, Alex Quispe (quien luego fallecería en el accidente): “No, señora Celia, esa autonomía me han pasado (el capitán, Miguel Quiroga), nos alcanza bien… Así nomás lo presento, lo hacemos en menos tiempo, no se preocupe”.
Las autoridades aeronáuticas bolivianas no han querido referirse a esta revelación. Indicaron que esperarán los resultados de la investigación trinacional que está en marcha para determinar las causas de la tragedia. Una fuente familiarizada con el sistema de control aeronáutico boliviano le dijo a este diario que los informes no tienen carácter ejecutivo, ya que se imponen las órdenes de los jefes, algunos de los cuales no son técnicos, sino políticos. El Ministro de Obras Públicas, Milton Claros, de quien depende la aeronáutica nacional, decidió la suspensión de las autoridades de control aéreo mientras se realiza la investigación nacional e internacional.
En todo caso, el plan de vuelo establecía la posibilidad de una recarga de combustible en Bogotá, que podía darse o no, según criterio del capitán. El director general de la aerolínea Lamia, Gustavo Vargas, señaló que si el piloto de la nave, que era experimentado, “veía que tenía una deficiencia de combustible, él tenía toda la potestad de entrar a reabastecer» a Bogotá. Vargas dice no comprender por qué no lo hizo.
Un elemento a tomar en cuenta es que el capitán, Miguel Quiroga, era uno de los propietarios de Lamia, una pequeña empresa dedicada a vuelos chárter y especializada en equipos de fútbol como el Chapecoence, el cual se encontraba a bordo del avión siniestrado. La compra de combustible y el pago de derechos de uso de los aeropuertos constituye una carga importante para las pequeñas empresas de aviación.
Lamia aparece registrada en Bolivia como una empresa con 500 mil dólares de capital, y propiedad de dos aviadores bolivianos. Quiroga, quien piloteaba el vuelo fatal, y Marcos Rocha. Su gerente es el general retirado Gustavo Vargas Gamboa, quien señaló que la empresa no pertenece a empresarios extranjeros, como se ha estado informando en la prensa internacional. Según él, Lamia solo alquila los tres aviones británicos que opera a “un empresario venezolano”.
Vargas no ha querido especificar a qué empresario venezolano se refiere ni la relación entre esta Lamia, autorizada a funcionar en Bolivia en noviembre de 2015, y la Lamia venezolana que, con el mismo modelo de negocios, intentó pero no pudo obtener una licencia de trabajo en Venezuela.
Vargas tampoco ha comparecido ante la prensa luego de que se supo que es el padre de Gustavo Vargas Villegas, que hasta hoy cumplió la labor de Director de Registro de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del país. La Dirección de Registro es la que se encarga de aprobar la licencia de operación de alas aerolíneas. Vargas es uno de los suspendidos por decisión del ministro Claros, quien también informó que se ha retirado la licencia de funcionamiento a Lamia.
