El Metropolitano Digital
El Juzgado 4° de Instrucción de San Salvador otorgó prorrogar por un periodo de seis meses más el plazo de instrucción de la causa penal contra el ex presidente Elías Antonio Saca, y seis de sus colaboradores, luego que la Fiscalía presentara un escrito haciendo la petición por considerar que se trata de delitos cuya investigación es compleja y con multiplicidad de eventos.
Por lo anterior el juez Rigoberto Chicas consideró otorgar la prórroga de instrucción al 30 de noviembre, pues inicialmente se vencía el 31 de mayo. “Es procedente por la cantidad de diligencias, abundante información que actualmente se está incorporando al proceso y la que está pendiente aún de incorporar” señaló.
El juezconsideró otorgar la prórroga por lo expresado por los peritos permanentes y accidentales, a que se les autorice más tiempo en la elaboración de la auditoria forense contable o pericia financiera, y para la obtención, vaciado y resguardo de información electrónica. Cabe señalar manifestó el juez “que estas diligencias aún están pendientes y que no se han podido realizar dentro del plazo del 30 de mayo, por la cantidad de documentos a analizar”.
El escrito de la Fiscalía reza: “solicitamos seis meses más porque nos encontramos en un proceso penal complejo por el elevado número de personas naturales y jurídicas a investigar así como realizar diligencias de análisis patrimoniales por cada imputado, desde tiempos anteriores, la traducción de documentos y asistencias internacionales para determinar si los imputados tienen o han tenido bienes inmuebles en ciertos países, acota el escrito.
El ex presidente, Saca, Elmer Charlaix, Francisco Rodríguez, Pablo Gómez, Jorge Alberto Herrera, César Funes y Julio Rank, son acusados de peculado, lavado de dinero, casos especiales de lavado de dinero y agrupaciones ilícitas, delitos cometidos presuntamente en su gestión presidencial entre los años 2004 al 2009.
De acuerdo con la investigación fiscal, los fondos que presuntamente se apropiaron provienen de una cuenta institucional del Tesoro Público de la Casa Presidencial, dinero que desviaron a empresas privadas, personas naturales y jurídicas.
