Por: Remberto Domínguez
El Fiscal General de la República Douglas Meléndez, y el Ministro de Justicia y Seguridad Pública Mauricio Ramírez Landaverde, llegaron este lunes a la Asamblea Legislativa, para discutir con los diputados de las distintas fracciones de la Comisión de Legislación y Puntos Constitucionales, sobre la reforma a la Ley de Extinción de Dominio.
El objetivo de la creación de esta Ley es normar el procedimiento que regula la acción de extinción de dominio a favor del estado, sobre aquellos bienes que se encuentran dentro de los presupuestos que dan lugar a la misma. Con esta reforma de ley «tendría que andar pidiendo permiso a los pandilleros o criminales para ir tras sus bienes, lo cual no veo justo», puntualizo Meléndez.
En este sentidos el Fiscal General Douglas Meléndez dijo que «en nuestro punto de vista no existe un convencimiento que la reforma sea viable», señaló
«Creo que nos traería algunas situaciones como consecuencia, las cuales podrían ser: habría un disminución de la capacidad del Estado para congelar, embargar o recuperar bienes sujetos de Extinción de Dominio; segundo, se podría desnaturalizar la acción de Extinción de Dominio, pues le impone condiciones que limitarían la capacidad del estado de perseguir bienes de origen o destinación ilícita; tercero, limitaría la facultad de la FGR y del juzgado especializado de Extinción de Dominio para decretar medidas cautelares», dijo el Fiscal.
Además el funcionario explicó como cuarto punto que «posibilitaría que las organizaciones criminales traspasen los bienes a terceros o enajenarlos, lo cual haría imposible que las autoridades pudieran realmente procesar las estructuras económicas de estas organizaciones y cinco, desconociendo las obligaciones internacionales podría haber una confrontación con legislación internacional asumidos por el estado de El Salvador, para la represión y financiamiento del terrorismo» detalló el Fiscal.
El ministro Landaverde dijo no estar de acuerdo a reformar esta Ley, ya que se estudió a profundidad con las unidades de Extinción de Dominio y de Administración de Bienes, estimándose que los bienes de procedencia ilícita deben cautelarse como medida precautoria.
Una de las razones que señaló el ministro es que el primer considerando del proyecto presentado referido a que la propiedad y posición es un derecho reconocido en la Constitución de la República, pero como el resto de derechos no son absolutos «por tal razón los mismos pueden verse afectados por mandato de Ley, por ejemplo cuando se aplican medidas cautelares» acotó Landaverde.
La Fiscalía asegura que esta Ley es una herramienta que fue emitida en noviembre de 2013, la cual sirve para combatir el crimen organizado siguiendo ejemplos de países como: de los Estados Unidos de America, de Italia, Reino Unido, Kuwait, Suiza, Tailandia, entre otros.
La reforma a la Ley de Extinción de Dominio aun seguirá en estudio por la Comisión de Legislación, para discutir los vacíos que según los legisladores posee esta Ley.
