El Metropolitano Digital
La economista Julia Evelyn Martínez aseguró que la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) no está respondiendo a los intereses y a los derechos constitucionales de la población trabajadora, específicamente de los pensionados, si no que actúa en función de la rentabilidad que les generan las cotizaciones a los dueños de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), según lo dio a conocer en la entrevista “Agenda Ciudadana” de Televisión de El Salvador.
“La palabra que más se repite es rentabilidad, ganancia de mercado y para nada se habla del derecho que tiene la ciudadanía especialmente los adultos mayores, que reciben pensiones y del derecho que tienen de continuarla recibiendo. (…) Las AFP no ven las pensiones como un derecho humano, sino que son una mercancía que se compra y se vende con la finalidad de valorizar y obtener ganancias para su capital. No se puede conciliar la lógica de la rentabilidad del capital con la lógica de los derechos humanos”, indicó la economista.
Explicó que la actual situación en el tema de las pensiones no se debe reducir únicamente a lo financiero, sino, a un mal diseño del sistema provisional, por lo que recomendó la creación de un modelo público que ponga en el centro el derecho de las personas a una jubilación con dignidad.
La experta consideró que las medidas tomadas por la Sala están orillando al país a una situación como la de Grecia, Chipre, España o Portugal, con el fin de que se tenga que recurrir a programas de rescate financiero, ofrecidos por el Fondo Monetario Internacional (FMI) y una vez que este organismo tome control sobre las finanzas de la nación, impulsará las reformas de pensiones y la fiscal que solo vendrían a fortalecer el modelo neoliberal.
Añadió que las decisiones tomadas en este órgano de Estado, tiene como propósito incidir en la coyuntura política electoral y colocar al gobierno en una situación de emergencia financiera que lo obligaría a aceptar las condiciones que imponga el partido ARENA.
La experta también señaló a ARENA como responsable de la crisis financiera por la que está atravesando el gobierno al impulsar medidas de “estrangulamiento político y económico”, al no dar el apoyo en la Asamblea para préstamos y desembolsos que le urgen al Ejecutivo.
“ARENA lo que está es pensando es en las elecciones, en llevar al gobierno a una situación tal de desesperación que, según ellos, hará que el gobierno acepte cualquier reforma de pensiones, cualquier reforma fiscal o cualquier medida, para que logre salir de una situación de impago porque si esto no se soluciona, es de prever que se puede caer en el impago y en una baja calificación de determinada por las calificadoras del riesgo”, señaló la experta.
Agregó que, con el panorama actual puede ser que el referido partido de derecha comience a chantajear al gobierno previendo que en los próximos meses el Ejecutivo tiene que hacer pagos importantes de deudas entre estas el pago de las pensiones.
Exhortó al gobierno a no caer en el juego político de la derecha de este país, ya que si lo hace ARENA manipulara a su antojo la reforma de pensiones y al final solo se tendrán cambios “cosméticos”, con muy pocos beneficios para la población pensionada.
“Serian solo cambios cosméticos y en pocos años la crisis de las pensiones que no debe verse como una crisis de sostenibilidad financiera, si no que como una crisis de cobertura, es decir de baja cobertura de las pensiones, de los bajos ingresos que tienen las personas que se están jubilando, estamos hablando de tasas del 30% del valor de su último salario devengado, con eso no es posible que las personas puedan vivir una vida digna, estamos hablando de una verdadera desigualdad y partiendo de eso se debe hacer un verdadero debate sobre las pensiones, pero me temo que se postergará el verdadero debate y se tendrá una discusión sobre números, rentabilidad y porcentajes”, indicó Martínez.
La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) dejó sin efecto la reciente reforma a la Ley de Sistema de Ahorro para Pensiones (SAP) hecha por la Asamblea Legislativa que posibilitaba al gobierno ampliar de 45% al 50% el uso de los Certificados de Inversión Previsional (CIP), con lo cual garantizaba el pago de las pensiones durante los próximos doce meses.
