Agencias
La sala de plenos de la Organización de Estados Americanos (OEA) en Washington se convirtió en auditorio para escuchar a organizaciones de Derechos Humanos y víctimas de la represión del régimen de Nicolás Maduro.
Por primera vez, los detallados informes leídos en anteriores sesiones tornaron en testimonios personales y directos, que tuvieron el momento más emotivo en Johanna Aguirre, esposa de José Alejandro Márquez, muerto tres días después de ser detenido por la Guardia Bolivariana.
Impulsada por el secretario general de la organización, Luis Almagro, y presidida por el que fuera fiscal de la Corte Penal Internacional (CPI) Luis Moreno Ocampo, la serie de declaraciones que se abrió ayer, hasta el 15 de octubre, está encaminada a «constatar si hay bases suficientes para denunciar a Venezuela por crímenes de lesa humanidad».
Así fueron anunciadas las comparecencias por Almagro y así se refirió a ellas ayer el que fuera representante del ministerio público en la CPI, quien se encargará de verificar si en el país se ha producido «un uso sistemático, táctico y estratégico del asesinato, la tortura y la violación como métodos para aterrorizar a la población».
Los tres representantes de organizaciones de derechos humanos se mostraron convencidos de que el régimen venezolano ha actuado «de manera planificada contra su propio pueblo», incluso desde 2002, cuando tomó posesión Hugo Chávez.
Aunque los intervinientes centraron sus denuncias en el periodo de Maduro, desde 2013 hasta la actualidad, la directora del Centro de Estudios de América Latina, Tamara Suju, aseguró que «todo el modelo represivo actual fue instaurado por Chávez».
A su juicio, la diferencia fundamental entre un presidente y otro es que «se ha pasado de la tortura selectiva a la tortura sistemática».
Centrada en los cinco años de presidencia de Maduro, Suju defendió la tesis de que su régimen había convertido la represión en «recurrente, masiva y perfectamente organizada». Lo que argumentó asegurando que «se han reorganizado todos los instrumentos del régimen, se han construido centros para torturar, se diferencia a quiénes y cómo torturar y existe un objetivo concreto para cada caso de torturas».
La directora del Centro de Estudios apoyó su declaración en la denuncia que presentó recientemente contra el Gobierno venezolano ante la Corte Penal Internacional, basada en más de medio millar de testimonios personales de detenidos que habían sufrido torturas. En su detallada exposición, Suju denunció que existencia de todo tipo de vejaciones, bien psicológicas o bien físicas.
