El Metropolitano Digital
Representantes de las organizaciones que conforman la Alianza por la Gobernabilidad y la Justicia (ASGOJU) se presentaron ante la Fiscalía General de la República (FGR) para solicitarle un informe sobre el avance de las investigaciones de los casos de presunta corrupción que se han presentado en los últimos años contra varios funcionarios y exfuncionarios y que el fiscal Douglas Meléndez rinda cuentas al respecto.
Entre uno de los casos de los que piden cuentas a la FGR son el aviso interpuesto contra Belarmino Jaime, magistrado de la Sala de lo Constitucional, por el supuesto delito de actos arbitrarios, presentado en octubre de 2016 y, según ASGOJU, a casi un año, aún no se conoce el avance en la investigación.
Asimismo, solicitaron el informe por el aviso presentado contra Gerardo Balzaretti Kriete, Guillermo Ávila Quehl, José Antonio Salaverría, Eduardo Zablah Touché, Elías Antonio Saca, Juan Wright Castro, Mario Acosta Oertel, Eduardo Verdugo, Roberto Murray Meza, Elmer Roberto Charlaix, Santos Adelmo Rivas, René Figueroa, Miriam Mixco, Ana Vilma de Escobar, Rafael Morán Orellana, Rodrigo Ávila y César Funes, todos por el posible cometimiento del delito de lavado de dinero y activos y encubrimiento, denuncia que fue interpuesta también en octubre de 2016.
Contra el expresidente Saca y su esposa Ana Ligia de Saca también se interpuso una petición en marzo de este año para que se aplicase la acción de extinción de dominio.
En abril de este año se realizó la petición por presuntas negociaciones ilícitas y cohecho impropio contra el superintendente de la SIGET, Fernando Arguello Téllez. En ese mismo periodo se pidió a la FGR aplicar la Ley de Extinción de Dominio contra el partido ARENA.
También, en mayo pasado, las organizaciones aglutinadas en ASGOJU hicieron una denuncia por posible enriquecimiento ilícito, lavado de dinero y activos contra los funcionarios y exfuncionarios: Luis Mario Rodríguez, Federico Hernández Aguilar, Gerardo Suvillaga, Albino Román, Darlyn Xiomara Meza, Michelle Gerardo Gutiérrez, Carmen Eliza Sosa de Callejas, Luis Cardenal, Margarita Escobar y Rodrigo Ávila Avilés.
Entre el pliego de peticiones a la FGR también destaca la denuncia por presunto prevaricato y actos arbitrarios en junio de este año contra cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional: Rodolfo González Bonilla, Florentín Menéndez Padilla, Edward Sidney Blanco y Belarmino Jaime.
En la lista de denuncias se detalla un aviso por posible peculado, cohecho propio e impropio, enriquecimiento ilícito, falsedad ideológica, evasión de impuestos y lavado de dinero contra Conrado López Andreu, Eduardo Calix López, Jorge Isidoro Nieto, Carlos Rosales, David Escobar Galindo, Rubén Rochi Parker, Eduardo Zablah Touché, Francisco de Sola, Roberto Rubio Fabián y Yolanda Mayora de Gaviria. Esta diligencia fue realizada también en junio de este año.
Los solicitantes dijeron que su petición se ampara en el artículo 17 del Código Procesal Penal el cual establece: “si transcurridos cuatro meses de interpuesta la denuncia, aviso o querella el fiscal no presenta el requerimiento respectivo o no se pronuncia sobre las investigaciones, cuando este proceda, la víctima podrá requerirle que se pronuncie, respuesta que deberá darse en un plazo de cinco días”.
