Agencias
El juez Claudio Bonadio ha procesado formalmente a la expresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner al considerarla la jefa de una «banda paraestatal» de corrupción para recaudar fondos ilegalmente como resultado de la conocida como ‘causa de los cuadernos’. De momento no será detenida por ser senadora y tener fueros.
Para el juez, la investigación ha probado que se montó un aparato desde el Estado, «una organización delictiva conformada por funcionarios públicos valiéndose de medios oficiales», apunta el juez, según recoge la prensa argentina. Al frente de esta red estaban «quienes fueran titulares del Poder Ejecutivo Nacional (Néstor Carlos Kirchner y Cristina Elisabet Fernández) y del Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (Julio Miguel De Vido)».
El objetivo de esta estructura, activa entre los años 2003 y 2015 era «procurar la percepción de sumas de dinero ilegítimas por parte de diversos particulares, muchos de ellos empresarios contratistas de la obra pública del Estado Nacional», señala el juez. Desde que surgió el escándalo en agosto, varios empresarios y exfuncionarios han declarado como imputados «arrepentidos» y han reconocido la existencia de sobornos y la supuesta implicación de Fernández y su fallecido esposo, el expresidente Néstor Kirchner.
«Era algo que estábamos esperando, habituados a un Bonadio que no está ejerciendo su rol de juez independiente, sino de juez arbitrario por fuera del Estado de derecho», dice el abogado de la exmandataria Gregorio Dalbón. «El juez está comulgando con las corporaciones mediáticas» El defensor aseguró que el magistrado, que ya procesó a Fernández en otras causas e incluso pidió su desafuero para detenerla a finales del año, lo que no prosperó, está «comulgando con las corporaciones mediáticas» y con el Poder Ejecutivo nacional para seguir «persiguiendo a la líder de la oposición».
Como informó el juez a finales del pasado mes, en bases a sus investigaciones llegó a la conclusión de que Kirchner y Fernández fueron, junto a su ministro del área de obras públicas, Julio de Vido, los «verdaderos beneficiarios» de la supuesta red de sobornos durante sus gobiernos. El caso surgió por las anotaciones, fotografías y filmaciones efectuadas por Oscar Centeno, chófer de De Vido y del subsecretario de Coordinación de su cartera, Roberto Baratta.
Este material apunta a la existencia de una «organización delictiva» integrada por funcionarios y comandados por Kirchner (fallecido en 2010), Fernández y el Ministerio de Planificación Federal de Julio de Vido, durante los gabinetes de ambos. Bonadio cree que hay indicios que permiten sostener que Baratta y otros funcionarios efectuaron los cobros a particulares y que fueron trasladados después, «en la mayoría de las oportunidades», en vehículos conducidos por Centeno.
«A partir de ello, y previo percibir el porcentaje que correspondiera a sus tareas, procedían a entregar los fondos recaudados a otros funcionarios», que «finalmente los derivaban a manos de los verdaderos beneficiarios de la maniobra ilícita»: Néstor Kirchner, Cristina Fernández y Julio de Vido, agregó
