El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, amenaza con crear un «escuadrón de la muerte» para matar comunistas

Agencias

El presidente de Filipinas, Rodrigo Duterte, ha despertado las críticas de numerosos partidos políticos y grupos de derechos humanos ante la amenaza de crear un «escuadrón de la muerte» dedicado a asesinar a disidentes comunistas.

Para todos ellos, la creación de un grupo de sicarios armado dedicado a liquidar a miembros de la guerrilla maoísta Nuevo Ejército del Pueblo (NEP) agravaría la violencia y el clima de impunidad reinante en el archipiélago asiático.

La justificación que alega es la supuesta existencia de unas milicias llamadas «Sparrow» que, desde los tiempos de la dictadura de Ferdinand Marcos (entre 1965 y 1986) habrían centrado sus actividades en el asesinato de policías y miembros de las fuerzas del orden.

Así, el presidente afirmaba que «buscará gente de su mismo talento para matar», que alega haber intentado dialogar con el NEP y que éste sólo ha respondido con el asesinato de policías. Por su parte, los comunistas filipinos niegan la existencia de estos comandos, como expresaba Jose María Sison, fundador del Partido Comunista exiliado en Holanda, que argumenta que este discurso es sólo una excusa de duterte para matar presuntos guerrilleros.

Sison incluso compara estas declaraciones con otro de los aspectos más polémicos de la política de Duterte, la guerra antidrogas. Por esta causa, organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch estiman que han muerto cerca de 15.000 personas en el país, y denuncian una política de ejecuciones extrajudiciales sistemáticas, linchamientos vecinales, torturas y toda clase de vilaciones de los derechos humanos.

Antonio Trillanes, senador filipino crítico con el presidente, opina que el anuncio de Duterte forma parte de su estrategia de «infundir miedo en la población, su única manera de mantener el control»; es esta línea, el grupo izquierdista Bayan cusa al presidente de «incitar una ola de asesinatos contra críticos, defensores de derechos humanos y cualquiera catalogado por el gobierno como rojo».